Mientras el Grupo de Apoyo Comunitario San Patricio busca reabrir el histórico pleito de clase de Roberto Navarro Ayala v. Rafael Hernández Colón, la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado recomendó asignar un monitor externo que vele por el cumplimiento de las cláusulas contractuales entre APS Healthcare Puerto Rico y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

En un informe parcial sobre la Resolución del Senado 249 radicado la semana pasada, la presidenta de la Comisión, Rossana López León, aseguró que existe la necesidad de que la Asamblea Legislativa intervenga para hacer que se cumpla la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408 de 2000) y el contrato entre APS y la ASES.

De hecho, la Senadora fue más lejos al concluir que ni ASES, ni APS, ni la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) cumplen con la Ley 408.

Según la investigación hecha por López León, solo10% a 13% de los 1.6 millones de beneficiarios de Mi Salud reciben los servicios de salud mental ofrecidos por APS.

APS ha presentado deficiencias en su servicio ya que sus redes preferidas limitan el acceso a los proveedores, no consideran a ASSMCA como un proveedor preferido, los servicios de salud mental no son accesibles, los servicios ofrecidos no se acoplan a las necesidades de los pacientes, y las trabas administrativas provocan que se retrasen o nieguen servicios a los pacientes (que incluyen servicios de emergencia y hospitalizaciones). Además, la aseguradora obliga a los pacientes a que tengan que acudir a sus facilidades para poder recibir repeticiones de medicamentos; la fragmentación de servicios no permite la continuidad de cuidados; y los servicios ofrecidos no están dirigidos a la prevención, rehabilitación y recuperación del paciente.

Asimismo, la Comisión estableció que no existen sistemas de control de calidad ni de parte de APS ni de ASES.

Además, expuso queAPS no cuenta con los suficientes manejadores de casos para efectuar planes individualizados a sus pacientes.

También señaló queAPS atiende a sus pacientes en facilidades ‘hacinadas, incomodas, donde tienen que esperar horas a que los atiendan’, sin proteger la privacidad de los pacientes.

Otros problemas hallados en esta investigación están relacionados con los procesos para la radicación de quejas y querellas.

De otro lado, la Comisión indicó que la ASES ha incumplido en su labor de fiscalizar a APS, e incluso no proveyó a dicho organismo legislativo toda la información solicitada para la investigación.

‘Considerando que la investigación era una evaluación de la situación y que todo documento solicitado formaba parte de los requisitos en el contrato (entre APS y ASES). La Comisión sostiene que no poder producirlos a tiempo es evidencia contundente de que no se está administrando el contrato adecuadamente. Han pasado casi 10 meses y aún la Comisión no ha recibido toda la información que fue solicitada’, determinó López León.

La Senadora acusó a la ASES de no hacer nada a pesar de conocedel incumplimiento contractual por parte de APS.

Uno de los requerimientos que APS incumplió y que ASES certificó a la Comisión, es que la aseguradora no había colocado en las 254 oficinas médicas a un proveedor de salud mental para trabajar allí 16 horas o más a la semana, como fue acordado con la agencia el pasado cuatrienio.

Por otra parte, la Comisión, resaltó que, ‘la ASSMCA ha sido despojada por la ASES de su rol como proveedor de servicios de salud y de su rol rector de política pública en salud mental, debido a la privatización del servicio de salud mental’.

‘La ASSMCA ha cerrado gran parte de sus operaciones. Los servicios de tratamiento especializado que se ofrece en sus instalaciones y facilidades es sumamente limitado debido a que no se reconoce como proveedor preferido para los beneficiarios del plan Mi Salud, y porque gran parte del presupuesto asignado para su administración ha sido disminuido’, agregó.

Para López León, la ASSMCA no le ha reclamado a la ASES que les deje ejercer sus funciones como está establecido en la Ley 408.

En otros aspectos, la Comisión trajo a la atención lo perdidoso que resulta para ASSMCA el contrato por $282,500 mensuales que mantiene con APS para arrendarle 85 camas diarias en el Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina en Río Piedras. El argumento es que la APS acordó pagar solo por 7 días de hospitalización por paciente, y el Hospital asume los costos por los restantes días de la estadía.

La directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña Pro Salud Mental, Inc. (NAMI-Puerto Rico), Silvia Arias, analizó dicho contrato y argumentó que ‘el perfil de los casos que llegan al Hospital de Psiquiatríaes en su mayoría crónico y severo. También llega un número de casos de Hospitalización Involuntaria. Su estadía promedio, en el mejor de los casos, es de unos 15 días. Algunos de estos pacientes permanecen más tiempo, hasta 30 días o más, aún sin criterios para ese nivel agudo de tratamiento, debido a que van a requerir ubicación de Hogares Terapéuticos y dependen de que ASSMCA realice los trámites correspondientes’.

‘Son pacientes totalmente indigentes por no haber trabajado ni acumulado beneficios de Seguro Social, o tuvieron que dejar de trabajar por causa de su enfermedad mental; y tampoco tienen la posibilidad de vivir con familiares. Es importante notar que según información que nos proporcionó el Administrador de la agencia, la Unidad Psicosocial del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras fue cerrado. En esta unidad eran atendidos los pacientes que se encontraban en espera de evaluación o ubicación en un hogar terapéutico o centro psicosocial’, apuntó Arias.

López León sostiene que el pago diario que hace APS al Hospital en base al contrato de $282,500 mensuales, está por debajo de los entre $500 a $600 diarios que paga la aseguradora a los hospitales privados.

‘Por lo tanto, el Hospital está dejando de recibir cerca de $10,227,000 al año con este contrato’, sentenció.

Ante esto, la Comisión recomendó que la Legislatura modifique el modelo de prestación de servicios que ofrece el Gobierno, y que se designe un monitor externo a la ASES para garantizar el cumplimiento del contrato de APS. Tambiénpropuso que se fiscalice y audite las transacciones financieras de los servicios de salud mental, y que requiera a la ASES rendir informes trimestrales a la Legislatura sobre el progreso y cumplimiento con las deficiencias encontrada en este informe.

Asimismo, recomiendan que la ASSMCA asuma un rol más activo en las gestiones de monitorear y evaluar los servicios de salud mental, y que renegocien el contrato con APS para las hospitalizaciones en Río Piedras.

Tras la radicación de este informe parcial, la Senadora espera a que se discuta en una de las sesiones del Senado para que dicho cuerpo legislativo lo acoja.

De igual forma, López León, aguarda a que la Junta de Directores de ASES tome en consideración las recomendaciones del informe al momento de suscribir los nuevos contratos de Mi Salud, que pudiera conllevar que APS sea subcontratada por alguna de las entidades seleccionadas para administrar las regiones del Plan de Salud Gubernamental.

Informe Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado-NotiCel_8888