El Colegio de Medicos Cirujanos de Puerto Rico lideró la ofensiva el martes para conseguir que se declare nula la Regla 91 de la Oficina del Comisionado de Seguros, que impone trabas a la negociación colectiva de las tarifas y de los servicios a los pacientes. En la sala 904 del Tribunal de San Juan, los abogados demandantes llamaron la atención del juez a la ‘transformación dramática’ que ha sufrido el sistema de salud, y advirtieron que de no ser corregida a tiempo, conllevará una precarización de los servicios en Puerto Rico.

La regla 91 establece el protocolo para la negociación colectiva, permitida por la Ley 203 de 2008, que aprobó el gobierno bipartito de Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, los médicos reclaman que es de imposible cumplimiento. El protocolo requiere que el médico elija a un representante, quien pediría la solicitud de negociación ante la oficina del Comisionado de Seguros. Una vez llenen la solicitud, la oficina les daría un material para tomar un examen. Si pasan el examen, se les daría un segundo documento para pasar a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia a recibir una certificación. Requiere, además, que el médico tome una capacitación.

‘Elimina el derecho de que el proveedor negocie por él mismo. Establece un proceso de licenciamiento que no aparece en el Código de Seguros, ni en la Ley 203. Requiere que se apruebe un examen. Coger el examen requiere una solicitud, que no existe al día de hoy’, mencionó la licenciada Verónica Ferraiuoli.

Entonces aseguró ante el juez: ‘Se ha puesto un candado al proceso de negociación y el comisionado de seguros ha guardado la llave’.

La Asociación de Medicina General, la Asociación de Quiroprácticos, la Asociación de Dueños de Laboratorios, la Asociación de Hematólogos y Oncólogos, la Asociación de Medicina Familiar y Pain Management Academy (PMA) se unieron como interventores a la solicitud de interdicto, mientras reiteraron lo difícil que es ejercer medicina en Puerto Rico. Cada día emigra un médico de la isla.

‘Los médicos son el puente entre los pacientes y los servicios de salud. En la medida, en que los médicos se vean obligados a cerrar sus prácticas, se ve afectado el acceso a la salud’, recordó Ferraiuoli.

El licenciado Carlos Díaz Olivo, en representación de PMA, puso en contexto la importancia de la Ley 203 de 2008, que representó un ‘cambio revolucionario’, en cuanto al estado de indefensión en que se encontraban los médicos. ‘Nuestra asamblea legislativa se percató de una realidad dramática que ha ocurrido en este país: la transformación del ejercicio de la medicina. Antes era una relación directa entre médico y paciente. En este siglo, ha surgido un intermediario: la compañía aseguradora, que en la práctica, se ha convertido en un patrono de la clase médica. Le impone no solamente las tarifas y las condiciones en que va a aceptar el trato con el paciente, sino que incluso se ha arrojado la facultad de ejercer el análisis crítico de ese profesional de la salud’, dramatizó.

Indicó que cuando los médicos trataban de mejorar las condiciones para ejercer su profesión, las aseguradoras presentaban una querella ante la Comisión Federal de Comercio y se tomaban reprimiendas por violación a las leyes de monopolios. La prohibición a la negociación colectiva se da bajo el supuesto de que los médicos constituyen un mercado, cuya fijación de precios depende de la libre competencia, en lugar de la acción colectiva.

En ese contexto, la fiscal Gretel Cathiard refutó que la regla 91 sea una enmienda a la Ley, sino que al contrario, permite la negociación mediante un proceso de supervisión estricta. ‘De esta forma se evitaría que se cree un monopolio con los precios y las tarifas’, defendió.

Cathiard insistió en la coherencia del proceso propuesto: ‘No es que los médicos no puedan negociar, es que no se ha recibido una solicitud para empezar este proceso. Cómo se va dar examen, si nadie lo ha solicitado?’, cuestionó.

De la demanda se desprende que esa solicitud no está disponible en Internet. Las fiscales confirmaron se encuentra disponible exclusivamente en la oficina del Comisionado, y que una sola persona ha acudido a la oficina a orientarse desde hace cinco años de la existencia del reglamento.

Ferraiuoli destacó que más allá de los reembolsos, las condiciones impuestas afectan la salud del pueblo. Esbozó que al médico se le paga por un solo procedimiento de tomografía computarizada (CT Scan), aún cuando tiene que administrar más de uno. ‘Es el doble de tiempo y de electricidad que se consume, pero por disposición del plan médico, la aseguradora va a pagar por uno solo o por uno y medio’, criticó. El paciente tendría que venir en días diferentes para que el médico reciba el reembolso de ambos procedimientos. Destacó, además, que cada año se requieren más pre autorizaciones, como es el caso de un CT de pulmones, que ordenó un médico. ‘La aseguradora demoró una semana en dar autorización. Existen condiciones de emergencia que requieren pre autorización’, señaló.

La relación entre la clase médica y estas compañías continúa siendo, según Ferraouili, una de indefensión ante la dictadura de las aseguradoras: ‘éste es el contrato, me lo firmas o no puedes atender los pacientes’, relató.

La evidencia, que presentará la defensa, incluirá el testimonio de médicos que al mes próximo comenzarán a trabajar en Estados Unidos, pues no pueden seguir operando en Puerto Rico por la desventaja económica que presentan las tarifas. Pese a los daños económicos, Ferrauioli indicó que no se trataba de una sentencia de dinero. En el fondo, se está objetando el desbalance y la injusticia en que opera el sistema de salud.

El Gobierno, por voz de la fiscal Gretel Cathiard, redujo el reclamo de los médicos a uno puramente matemático: ‘Se ha dicho que se va a afectar la salud del pueblo, pero aquí no está el pueblo, están los médicos representando sus intereses’, mencionó, a lo que Ferrauioli contestó que en la medida, en que los médicos se vean obligados a cerrar sus prácticas, ‘se ve afectado el acceso a la salud’.

Ferraouili refutó también el argumento del Gobierno de que las negociaciones pueden redundar en un aumento de primas, al señalar que todos los años aumentan las primas. ‘Hay aseguradoras que cotizan en la bolsa de valores. Todos los años pagan más a los acreedores y esto lo hacen de dos formas: aumentando las primas y pagando cada vez menos a los proveedores’, sostuvo.

El juez Ángel Pagán otorgó un periodo de dos días al Estado para que presente sus argumentos a favor de la moción de desestimación y cinco días para que los demandantes presenten su oposición. En cuanto el juez determine si hay jurisdicción del Tribunal, se procede con una vista de interdicto pautada para el jueves, 16 de abril. Las partes deben presentar el informe de conferencia con antelación a vista evidenciaria el viernes, 10 de abril.