La secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríus, dijo el viernes que apelará la drástica decisión del juez federal Gustavo Gelpí de embargar los fondos de esa agencia para el pago del primer trimestre del año a los Centros de Salud Primaria 330.

‘No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El Juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada’, dijo la funcionaria en declaraciones escritas.

Gelpí tomó la controvertible decisión luego de que el gobierno pagara solamente parte del monto total de $9.3 millones en deuda y con un cheque cuyos fondos estarían disponibles después del 30 de junio.

Al hacer su determinación, Gelpí le dio un fuerte regaño al gobierno tras destacar que su falta de organización en sus asuntos fiscales no lo exime de cumplir con la ley.

El juez federal había advertido a principios de mes que tomaría esa medida drástica luego de una vista en que el Departamento de Salud dijo que no podía emitir los cheques para los Centros 330 por no tener los fondos y que tampoco los presupuestó. Los fondos son los correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015.

Gelpí amenazó con embargar las cuentas de la agencia si no cumplía con el pago correspondiente al primer trimestre de 2015 porque no toleraría más extensiones ya que el caso de demanda de pagos data del 2003. El juez dio en aquel momento hasta el 17 de junio para hacer los pagos.

No obstante, el gobierno emitió un pago de $3.6 millones al alegar que no estaban de acuerdo con la cantidad de la deuda presentada y que impugnarían la misma. El gobierno también destacó que el cheque no tenía fondos por el momento pero estarían disponibles después del 30 de junio con el nuevo presupuesto.

‘Ante el flagrante fracaso del gobierno estatal de no cumplir con las órdenes claras y no ambiguas de esta corte y el acuerdo de ambas partes para implantar el interdicto preliminar… la corte no tiene otra opción más que emitir una orden de embargo en este momento de los $9,389,743 no pagados que se les debe a los demandantes. En adición, el cheque depositado por el Gobierno en Secretaría no tiene fondos, por lo que será rechazado y devuelto de inmediato’, dice la orden de Gelpí.

En su decisión, el juez destacó que el gobierno está obligado a participar en el programa de Medicare y que recibe millones en fondos federales. Resaltó que en una vista en el Senado esta semana, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, dijo que el Departamento de Hacienda está como ‘un capitán navegando mirando a las estrellas, en vez de usar mapas y compás’ por la falta de métricas.

‘A pesar de la falta de organización del gobierno relacionado a su estado financiero, sin embargo, debe cumplir con las leyes federales cuando recibe beneficios del programa Medicaid. La decisión de la corte hoy se hace considerando los intereses de justicia y no se ha tomado a la ligera por este servidor. Se emite la orden de embargo’, agregó el Juez en su orden.

Gelpí destacó que el gobierno no puede decidir cuánto pagar. Sostuvo que el Tribunal está ‘atónito’ completamente por lo que dijo el Departamento de Salud el 3 de junio en el sentido de que los fondos federales y estatales requeridos para cumplir con las órdenes y resoluciones de la Corte, así como del Primer Circuito, no fueron presupuestados para el año fiscal en curso.

‘Si es así, este es sin duda una irresponsabilidad gigantesca, así como un completo fracaso y abuso de autoridad del poder ejecutivo para no cumplir con la ley federal’, dijo.

Ríus detalló que ‘ya habíamos depositado en corte 3.6 millones de dólares cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era $1.6 millones cuyo cheque también fue cambiado y redimido. Lo que significa que solo quedarían por pagar $4 millones que nosotros no reconocemos ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones de dólares’.