Una auditoría operacional realizada por la Oficina de la Contralora a la División de Vacunación del Departamento de Salud (DS) resaltó la problemática de acceso a vacunación que tienen los menores de edad afiliados a planes privados.

El análisis reflejó que los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG) tuvieron mejor acceso a los servicios de vacunación que quienes poseen cubiertas privadas.

En el informe ‘Tienen los niños y adolescentes de Puerto Rico accesibilidad a los servicios de vacunación?’, destaca que según el Capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana desolo un 10% de los pediatras en la Isla proveían los servicios de vacunación.

Pediatría (AAP), en el 2014

Para entender las razones de la baja participación, la Oficina de la Contralora hizo una encuesta en la que contestaron 312 miembros del Colegio de Médicos-Cirujanos, de quienes 86 eran pediatras. De los médicos consultados solo 104 proveían servicios de vacunación.

Un 28% de los participantes de la encuesta indicó que no proveen estos servicios porque los pagos que recibían por administrar las vacunas no se atemperaban a los costos. Mientras un 22% destacó que los pagos no eran uniformes. A su vez el 16% dijo que su negativa respondía a las denegaciones de pago. El 15% argumentó que su oposición se debe a las tardanzas en recibir los pagos, y un 4% habló de la dificultad de brindar los servicios por el requerimiento de una licencia de botiquín.

Además, para los médicos no resulta económicamente viable ofrecer los servicios ya que Puerto Rico afronta el reto de que cada vez hay menos pediatras graduándose de la escuelas de medicina y un 73% de los pediatras ejerciendo actualmente tienen 50 años o más de edad.

‘De acuerdo con una entrevista realizada a los representantes del Colegio de Médicos y de la AAP, los pediatras son de los profesionales médicos cuya remuneración no es adecuada, ya que el único procedimiento no quirúrgico que pueden efectuar, adicional a sus servicios, es la vacunación, y la misma no resulta costo efectiva. La medicina es una carrera larga y costosa, por lo que se espera una remuneración que compense el gasto económico y el tiempo invertido’, detalla el informe.

Por otra parte, abundaron que a diciembre de 2014 no habían proveedores para atender a pacientes privados en los municipios de: Ceiba, Ciales, Culebra, Florida, Guánica, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Maunabo, Morovis, Peñuelas, Rincón, Salinas, Santa Isabel, Vieques y Villalba.

De otro lado, el informe plantea que las aseguradoras incumplen con la Ley 194 del 2011 que exige que no impongan copagos a las vacunas recomendadas por el Advisory Comittee of Immunization Practices (ACIP).

De igual forma, se señaló que la División de Vacunación no ha fiscalizado correctamente a los proveedores privados, escuelas y otros centros para que cumplan con el registro de vacunación en el Puerto Rico Immunization Registry (PRIR).

Ante los hallazgos, la Oficina de la Contralorarecomendó a la secretaria del DS, Ana Ríus, que establezca estrategias que aumente la participación de médicos en la administración de vacunas, que monitoree el acceso para los beneficiarios de planes privados, que investigue las limitaciones de cobertura de parte de las aseguradoras, y que revise el Reglamento 1968, entre otros.

Además, le sugirieron a la comisionada de Seguros, Ángela Weyne, ‘fiscalizar oportunamente las situaciones que afecten los servicios a los pacientes, ocasionadas por el incumplimiento de las aseguradoras privadas, y que puedan provocar la pérdida de fondos gubernamentales’.

De igual modo, presentaron recomendaciones al secretario del Departamento de Educación, Rafael Román; la secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón; a la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Olga Bernardy; el presidente del Consejo de Educación de Puerto Rico, Ricardo Aponte; y al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.