Enfrentados con la terrible probabilidad que miles de beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno se queden desprovistos de su cubierta medica si el gobierno federal no renueva, de alguna manera, la asignación de fondos Medicare, el gobierno hizo un llamado a los componentes de la industria local de la salud para unirse en causa común para evitar una debacle en ese sector.
Este fue el asunto central del evento Puerto Rico Health and Insurance Conference, organizado por la Cámara de Comercio y celebrado en el Hotel Condado Plaza. La actividad contó con la participación de funcionarios del estado e influyentes líderes de distintas organizaciones de salud que dedicaron sus comparecencias a las oportunidades que podría tener la Isla, no solo para obtener estos fondos, sino para insertarse en la elaboración de una nueva cubierta federal para sustituir el Affordable Care Act (conocido como Obamacare).
Aunque ya la propuesta para derogar y reemplazar elObamacare se discute en el Congreso, el escrito no contiene disposición alguna para incluir a Puerto Rico dentro de su cubierta o proveer una asignación de fondos Medicare, tal como se hizo con el Obamacare, al incluir $6,400 millones para usarse hasta el 2019.
No obstante, aunque esa discusión está en sus fases iniciales, parte de los esfuerzos de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) se han encaminado en esa dirección, según afirmó el director Carlos Mercader.
Otra alternativa que podría tener el gobierno, según Mercader, es la Resolución Continua del Congreso a aprobarse en abril, una medida presupuestaria que separa varias asignaciones para los estados.
El apoyo por parte de funcionarios federales también figura ser un factor esencial para esta encomienda. ‘Nosotros hemos estado visitando a múltiples legisladores y dejándoles saber que estamos haciendo lo que nos corresponde’, indicó a NotiCel el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, quien identificó al senador federal Marco Rubio y a los congresistas Carlos Curbelo, Sean Duffy y el Speaker Paul Ryan como algunas de las figuras que han respaldado el reclamo del gobierno.
Pese a que Rivera Marín destacó el reconocimiento de estos legisladores federales a la precaria situación del Plan de Salud del Gobierno, señaló que el reclamo también va dirigido a la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que comandó reducir en $1,000 millones los gastos de salud dentro el Plan Fiscal.
‘Nuestro reclamo a la Junta es que sea igualmente sensible, igual que estos congresistas’, expresó al advertir que de no unirse al esfuerzo unos 700,000 puertorriqueños se quedarían sin cubierta médica mientras otros 1.4 millones se quedarían sin acceso a medicamentos.
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