Las estadísticas demográficas demuestran que el terreno propicio para desarrollar una vida plena se ha ido reduciendo con el pasar del tiempo, en particular para los adultos mayores, una población que representa el 15.7% del total de la sociedad puertorriqueña, y a quienes urge el desarrollo de políticas públicas para atender su situación de precariedad económica y pobres servicios medicos.

Este grupo de personas mayores de 65 años subsisten, en su mayoría, con los ingresos del seguro social, que representa un promedio anual de $11,384. Otro 38% recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), mientras que un 27% recibe ingresos de sus planes de retiro. En 2012, el salario promedio de estas personas fue 53.4% menos que el de la población general.

Las políticas de austeridad del sector público y privado han atrincherado a los adultos mayores, cuyo 40% vive bajo el nivel de pobreza, según datos del Censo. La reforma al sistema de retiro, la reducción de los servicios médicos o el requerimiento de pre autorización por parte de las aseguradoras, así como la emigración de sus familiares, unidos a la inflación, son factores que aumentan el ‘cuadro precario’ en que se encuentra esta población, mencionó el doctor Hernán Vera Rodríguez, autor del estudio ‘Análisis de la situación de los adultos mayores’ de la Pontificia Universidad Católica.

La propuesta del Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16% sobre bienes y servicios empeorará esta situación, indicó Vera Rodríguez, por lo cual hace falta que se implante un alivio adecuado a laregresividad. ‘Una población que está tan apretada económicamente, no puede esperar dos a tres meses para recibir los reembolsos. El Gobierno tiene que implantar un mecanismo que sea rápido y oportuno’, mencionó.

A esto se añade que un 46% de los abuelos tiene a su cargo el cuidado de los nietos y nietas. Sólo 11.9% de los adultos mayores posee un bachillerato oposgrado, mientras que menos de la mitad concluyó la escuela superior.

El decano del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta de la PUCPR enfatizó que este análisis resulta importante para implantar políticas que redunden en una mayor justicia social para esta población. ‘La política pública tiene que ser orientada por la demografía’, exhortó el doctor. El error durante mucho tiempo fue ignorar los señalamientos de que vendría un cambio poblacional. Pese a que las estadísticas demostraban un crecimiento de la tasa de adultos mayores desde hace un tiempo, los programas de Gobierno continuaron siendo dirigidos a la niñez, con construcción de más escuelas, campañas de vacunación y programas de recreación exclusivamente para adolescentes.

Mirar los datos conlleva a un diseño de políticas públicas más eficientes, que no redunden en gastos innecesarios de los recursos públicos. Significa, además, que la otorgación de servicios responda a las necesidades específicas de la población.

Vera Rodríguez recomendó, por ejemplo, ofrecer apoyo educativo enfocado en los adultos mayores, particularmente en áreas como la tecnología, el empresarismo y la autogestión. Igualmente importante resulta el desarrollo de alternativas de ocio para esta población.

Recomendó, además, que se den adiestramientos a los empresarios y patronos acerca del potencial de los adultos mayores, como medida para combatir el discrimen a esta población, que se verá cada vez más obligada a trabajar para obtener ingresos suficientes.

La Procuraduría de Personas de Edad Avanzada no da abasto con la tarea. El presupuesto de esta entidad supone sólo $5.70 por cada envejeciente, así como un empleado por cada 7,326 personas mayores. ‘Puerto Rico tiene legislación de avanzada, pero parece que (su aplicación) se está desvaneciendo… No da abasto’, comentó Vera Rodríguez.