Las medidas impulsadas por el gobierno local no resolverán el dolor de cabeza que supone para los pacientes el alto costo de los medicamentos ya que representan 'parchos' para un problema que tiene su raíz en el sistema de salud estadounidense que ha dejado en manos privadas -y sin regulación- la administración de algo tan fundamental como el derecho a la salud, según dos expertos en la industria.

El Dr. Ibrahim Perez, exdirector medico de San Juan y la consultora en el área de farmacia María Isabel Vicente, coincidieron en que las autoridades locales pueden hacer muy poco para detener o revertir el costo de los medicamentos, si el Congreso de EE. UU. no legisla para poner en manos del gobierno federal la regulación de las farmaceuticas como hacen otros países.

Aseguraron que, pese al grave problema con el constante aumento en el costo de los tratamientos medicos, por decadas el gobierno federal no ha tenido la voluntad política para imponer control a las farmaceuticas porque estas aportan anualmente a las campañas políticas de los miembros del Congreso que, a su vez, dan largas a las propuestas que impondrían restricciones a la industria.

'No hay voluntad política', aseguró Vicente, asesora por más de dos decadas en el área de farmacia.

Perez planteó que el concepto de libre mercado en un área tan importante como la salud opera en contra de los ciudadanos. 'Para que haya un cambio real tiene que haber voluntad política en el Congreso para cambiar el sistema y la contar con la voluntad de las farmaceuticas para humanizar su participación en un asunto que no puede verse en dólares y centavos', dijo.

El tema del alto costo de los medicamentos no es nuevo; pero ha tomado nuevamente prominencia en EE. UU. luego de que el presidente Donald Trump anunciara que se propone regular el sistema de salud para que los descuentos que negocian con las farmaceuticas los intermediarios de las aseguradoras en el proceso de compra de medicamentos se le pase a los pacientes.

'Si todo esto no ocurre, será continuar, como te dije, la primera vista (congresional sobre el precio de las medicinas) fue hace 60 años; podríamos pasar 60 años más de parchos, parchos y parchos y no se resolvería el problema… La salud es un derecho, no un negocio… Es el poder político y económico que tienen las farmaceuticas sobre los que votan en el Congreso', lamentó Perez.

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En Puerto Rico, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares anunció durante su mensaje que someterá legislación para requerir reportes de los manufactureros y distribuidores para que justifiquen al gobierno antes de aumentar el precio de los medicamentos en un 16 por ciento.

Además, se comprometió a requerir informes anuales de datos sobre la estructura de precios de los medicamentos genericos y garantizar la intervención adecuada del Departamento de Salud (DS) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger y fiscalizar en beneficio de los pacientes.

Rosselló Nevares pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe el Proyecto del Senado 218 que se encuentra en el trámite legislativo desde su radicación en el 2017 y que pretende regular a los Proveedores de Servicios de Farmarcia (PBM's).

'Hasta el momento, ninguna de las medidas que yo he visto va a ayudar a bajar el precio de los medicamentos… Yo no le voy a mentir a la gente', sostuvo Vicente, asesora en el área de farmacia con más de veinte años de experiencia en la industria.

Ambos coincidieron en que el gobierno de Puerto Rico no tiene injerencia en la cadena de negociación y distribución de medicamentos, por lo que es casi imposible que las iniciativas impulsadas tengan un efecto real en reducir el precio de los fármacos.

Por la realidad política de Puerto Rico, la única solución permanente es que el gobierno federal imponga un control y mediante legislación emule a otros países como Inglaterra y España, que, aunque son capitalistas, en el área de la salud intervienen para imponer un tope de precios y no lo dejan al libre mercado como es el caso de EE. UU.

Perez insistió que se puede regular a las PBM's; pero no se resolverá el problema porque quienes ponen los precios de los medicamentos son las farmaceuticas. La solución, a su juicio, es que sea gobierno federal el que imponga los precios.

'Todo el mundo está de acuerdo que los que fijan el precio final, irrespectivo (sic) de todos los que participen en la cadena de distribución es la propia farmaceutica', dijo Perez.

Dijo que en EE.UU. se consume más de una tercera parte de los medicamentos que se consumen en el mundo, por lo que contrario a Puerto Rico, tiene una mayor influencia por la fuerza del mercado para imponer regulaciones con impacto real en las farmaceuticas. Sostuvo que sería muy difícil que miembros de esa industria opten por no aceptar las reglas de juego y quedarse fuera del mercado en EE. UU.

'De la misma manera que las bacterias aprendieron a reaccionar a los nuevos antibióticos y desarrollaron resistencia a ellos y tuvieron que buscar nuevos antibióticos, las farmaceuticas, cada vez que ocurre cualquier legislación o cualquier proyecto que tienda a dañarle como funciona o como procesan ellos todo ese tema, ellos tienen todos los mecanismos para reaccionar y superar ese impedimento', señaló el galeno.