Impulso para usar $40 millones de telemedicina en un mes
Corre contra el reloj la intención de hacer una zapata para traer la medicina de la isla a la modernidad.
El Departamento de Salud (DS) autorizó la semana pasada los contratos que ponen a correr unos $40 millones para la promoción de la telesalud durante la pandemia, el último de los programas que faltaba por ejecutar en el Plan Estratégico para el desembolso de $2,200 millones en fondos federales que la isla recibió en abril bajo la Ley CARES.
A las entidades escogidas se les paga el dinero por adelantado y tienen hasta el 31 de diciembre para gastarlos, o tendrían que devolverlos.
“No es la magnitud que nos gustaría, esto es un primer paso”, admitió Eduardo Zavala Mendoza, secretario auxiliar de Planificación y Desarrollo del DS y encargado de ejecutar el programa de desembolso de fondos para esta iniciativa, ante el hecho de que el dinero fue usado principalmente para levantar la capacidad en el área de telemedicina de entidades que ya habían demostrado aptitud en esta área y no necesariamente para levantar la capacidad de aquellos médicos o entidades con cero experiencia. El propósito del DS es que el dinero establezca una base sobre la cual crecer esta práctica a partir del año que viene, incluyendo una plataforma digital para que los pacientes puedan hacer y adminsitrar sus citas.
De hecho, hay conceptos parecidos que se pueden confundir pero no se refieren a lo mismo, explicó Zavala. Telesalud es el término más amplio que abarca las distintas manifestaciones del uso de tecnología en el área de la salud. Telemedicina, que es el término más usado, realmente se refiere a una modalidad de esta práctica que requiere la intervención de un médico licenciado en un lado y, en el otro lado, junto con el paciente, la intervención de un profesional de la salud que está certificado en el área pero que no necesariamente es un médico (puede ser un técnico o enfermero) y también usualmente implica el uso de algún equipo en el lado del paciente que le permite al médico que está al otro lado examinar el cuerpo del paciente. Teleconsulta es otro término usado pero ahí no necesariamente interviene un médico licenciado y el propósito es de orientación, no de diagnóstico y tratamiento.
“El dinero está enfocado en telesalud y no solo telemedicina”, consignó el funcionario.
El Colegio de Médicos Cirujanos (CMC) fue la entidad con el contrato más cuantioso, $4.1 millones, y el resultado primordial con el que deben cumplir es lograr la certificación y equipamiento en telemedicina de al menos 3,500 médicos ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. La Coalición de Vacunación de Puerto Rico (VOCES) recibió un contrato de $3.4 millones para una campaña educativa sobre la telemedicina y la certificación y otras entidades recibieron contratos para habilitar espacios para esta práctica, como la Asociación de Hospitales y la Asociación de Salud Primaria. Además de estas cuatro, hay otras nueve propuestas aprobadas enfocadas en promover la telemedicina, particularmente en las islas municipio y en la zona montañosa. Como parte de la propuesta, el CMC paga las tarifas de certificación de los médicos, por lo que parte del dinero volverá al DS en la forma de esas tarifas de certificación.
Víctor Ramos, presidente del CMC, indicó a NotiCel que fue el mismo secretario del DS, Lorenzo González, quien le pidió que sometiera una propuesta para acceder a los fondos, lo cual hicieron mediante un documento preparado para el Colegio por Impactivo Consulting, una firma especializada en el área de salud. Ramos enfatizó en que la propuesta también incluye crear módulos de educación continua accesibles a los médicos cuando se tengan que recertificar. Por disposición de las reglas federales, el Colegio recibe $338,619.92 para administrar su propuesta, la cual implica también subcontratar a la empresa Assertus para la solución tecnológica que se le proveerá a los médicos certificados y a sus pacientes.
Ramos y Carlos Mellado, quien sería designado como secretario del DS por Pedro Pierluisi cuando juramente como gobernador en enero, fueron dos de los miembros de la clase médica que participaron en la discusión legislativa del P del S 1596 que produjo enmiendas este verano en la Ley de Telemedicina. Los cambios introducidos fueron a las áreas de reglamentación, para que los servicios en esta área fueran cubiertos por las aseguradoras y para que se pudiera practicar telemedicina sin certificación durante la pandemia.
Aparte de $10 millones para adiestramiento de PYMES que nunca se usó y de transfirió a una partida de reserva, los $40 millones asignados para telemedicina eran los únicos del plan estratégico de $2,200 millones que todavía figuraban en $0 de uso en el informe del 27 de noviembre de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Además de Salud, estaban encargados de estos fondos la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS).
La gobernadora Wanda Vázquez Garced adoptó el plan estratégico de uso de fondos de la Ley CARES, con telemedicina incluido, el 15 de mayo y el gobierno publicó las guías del programa el 26 de agosto (con actualización el 29 de septiembre), pero el proceso de formulación y evaluación de protesta se extendió hasta fines de noviembre, con los contratos firmándose la semana de Acción de Gracias, dejando así aproximadamente solo un mes para el uso de los fondos.
El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, la Fundación de la Escuela de Medicina de Ponce, la Escuela Graduada de Salud Pública y la Escuela de Enfermería (ambas de la Universidad de Puerto Rico) y el Centro de Salud y Justicia de Puerto Rico San Juan Bautista fueron otras de las entidades que recibieron fondos.
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