Según Omar Mues, portavoz de los constructores, actualmente entre un 25% y un 30% del costo final de una vivienda nueva corresponde a impuestos, arbitrios y tasas gubernamentales, tanto estatales como municipales.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico y representantes del sector inmobiliario pusieron sobre la mesa inquietudes respecto a las repercusiones sobre el acceso a la vivienda incluidas entre las enmiendas al Código de Rentas Internas.

Según Omar Mues, portavoz de los constructores, actualmente entre un 25% y un 30% del costo final de una vivienda nueva corresponde a impuestos, arbitrios y tasas gubernamentales, tanto estatales como municipales. Esta elevada carga fiscal, sostiene, dificulta de forma considerable el acceso a la vivienda formal para la mayoría de la población.

En general, los representantes del sector comercial presentes en la más reciente vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, reconocen como positivo el alivio fiscal dirigido a los trabajadores.

Sin embargo, recalcan que el sistema impositivo vigente sigue siendo oneroso y poco competitivo, especialmente para la construcción, lo que desincentiva la inversión y limita el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y de infraestructuras.

“Es urgente una reducción importante en las tasas contributivas para las empresas con el fin de aliviar la carga fiscal de quienes generan empleo y actividad económica en Puerto Rico. Aunque esta segunda fase de la reforma no lo contempla, hacemos un llamado a implementar una tercera fase que suponga un alivio sustancial para los sectores productivos”, subrayó Mues durante su ponencia.

Asimismo, alertó que los arbitrios de construcción, las contribuciones adelantadas y la falta de uniformidad entre municipios han provocado que numerosos proyectos resulten inviables o financieramente poco atractivos, agravando así la escasez de viviendas y el alza de los precios en el mercado.

Otro motivo de preocupación para el sector es la eliminación de exenciones relacionadas con equipos de energía solar y vehículos eléctricos o híbridos propuesta en el Proyecto del Senado 912.

“Suprimir las exenciones a los equipos solares supone un retroceso en la política energética pública, encareciendo alternativas fundamentales ante la fragilidad del sistema eléctrico puertorriqueño”, señaló.

Asimismo, objetaron nuevas obligaciones informativas sobre cargos bancarios y procesamiento de pagos, al considerar que incrementan los costos de hacer negocios en la isla.

En la misma línea, Vanessa Rivera, representante de la Puerto Rico Association of Realtors, advirtió que la acumulación de impuestos y tasas gubernamentales encarece el acceso a la vivienda, especialmente para familias trabajadoras y compradores primerizos. Rivera insistió en que “cualquier reforma debe analizar su impacto en el mercado inmobiliario y promover el acceso a la vivienda como eje del desarrollo económico”.

A pesar de las advertencias, los líderes empresariales que participaron en la conversación coincidieron en la importancia de la reforma, especialmente en la reducción de tasas para individuos por su efecto directo en el poder adquisitivo y el consumo interno.

“Un mayor ingreso disponible para los consumidores dinamiza el sector de alimentos y bebidas”, defendió Sonia Navarro, presidenta de la Asociación de Restaurantes (ASORE), quien abogó por una evaluación integral de la reforma y la adopción de medidas adicionales de simplificación tributaria.

Por su parte, Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio, pidió que la reforma se implemente con cautela fiscal, garantizando la estabilidad en los ingresos públicos y un entorno competitivo que incentive la inversión y la creación de empleo. “La revisión integral del sistema contributivo sigue siendo una necesidad imperativa para Puerto Rico”, concluyó.