Como requerir trabajo a tiempo completo y fijar un tiempo límite para vivir en vivienda pública o tener acceso a programas de vivienda subsidiada. Además, facilitan los desahucios.

La organización Ayuda Legal ha advertido al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Públia (AVP) sobre el peligro de ciertos cambios reglamentarios en el Departamento de Vivienda Federal que afectarían residentes de vivienda pública.

A ambos, la secretaria de la vivienda, Ciary Pérez Peña y el administrador de AVP, Juan Rosario Hernández, se les solicita que informen a los residentes sobre los cambios propuestos e instarlos a que comenten dentro del periodo establecido.

“Su acción, posicionamiento y comentarios son indispensables para las familias residentes de vivienda pública”, indicó la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert.

Se refiere en la misiva a la intención de HUD enmendar el Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) publicadas en el Federal Register (FR) y que estarán abiertas a comentarios de público hasta, en unos casos el 21 de abril y en otros el 1 de mayo.

Por un lado, HUD quiere establecer un requisito de trabajo de 40 horas para personas que vivan en residenciales o en programas de vivienda subsidiada. Trataría como personas hábiles de trabajar aquellas entre 18 y 61 que no sean cuidadores primarios de menores de seis años o personas discapacitadas, embarazadas, estudiantes universitarios o cuidadores de personas temporalmente incapacitadas.

Además, HUD quiere establecer un tiempo máximo para que las personas puedan recibir asistencia de estos programas, “creando una base de dos años como guía”.

“Establece una clara direccion de que esta (ayuda) no podría ser vivienda a largo plaz”, indicó la también abogada.

“Estas dos propuestas son particularmente peligrosas. Por un lado, parten de la premisa de que las personas empobrecidas no trabajan o que dependen exclusivamente de los programas de asistencia, sin contar la falta de movilidad laboral, la merma de empleos de calidad o la dedicación a labores de cuidado que no son remuneradas. En relación al término límite para vivir en programas de vivienda subsidiada, presume que estas familias pueden obtener vivienda asequible alterna, una posibilidad inexistente en un Puerto Rico. Actualmente, faltan al menos 60,000 unidades de vivienda asequible para las poblaciones de menores recursos y existen listas extensas de familias que por años aguardan asistencia pública”, dijo.

Con otros cambios se elimina la notificación al que tienen acceso personas con vivienda púbilca a ser informados al menos 30 días antes de la intención de presentar una acción de desahucio por falta de pago. Además, lee la carta, reduce los términos para hacer esa notificación a entre cinco y 14 días.

“Esta enmienda también eliminaría el requisito de incluir en dicho aviso contenido específico sobre programas de planes de pago, oportunidad de recertificación y otros mecanismos para preservar su vivienda”, indicó Godreau Aubert.

El peligro de estos cambios, según Ayuda Legal, es que impide que los residentes tengan tiempo suficiente para buscar ayuda legal y/o económica o llegar a un acuerdo con el administador.

Otro cambio impulsado por HUD le quitaría a familias la elegibilidad de tener acceso a vivienda pública si dentro de esta se encuentra al menos una persona inmigrante no elegible, a pesar de que los otros miembros de la familia sí lo sean.

“Prohibiría por completo que las familias mixtas reciban asistencia, haciéndolas escoger entre tener un techo o vivir con su unidad familiar completa”, indicó.

Godreau Aubert indicó que permitir que se apruebe esta reglamentación “sin mostrar una férrea oposición” sería darle la espalda a la comunidad migrante.