Dueños de centros de inspección vinculan al delator en caso de la exsecretaria de Vivienda como la persona a cargo de los procesos irregulares que sufrieron.

Tras varias posposiciones centradas en la controversia sobre la citación a los parientes de la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, varios dueños de centros de inspección depusieron el viernes en la Cámara de Representantes sobre los procesos irregulares que vivieron a manos de funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por multas impuestas a sus negocios.

Los trabajos de la comisión cameral de Transportación e Infraestructura responden a la resolución 352 y comenzaron desde diciembre del año pasado con un enfoque en la forma en que el DTOP ha llevado a cabo una contratación para cambiar la empresa a cargo de las máquinas en los centros de inspección. Por un lado, está Cartek Caribe Inc., quienes manejan las máquinas y el sistema de inspección desde los años 90, y, por el otro, Worldwide Enviromental Products, Inc., a quien el DTOP le otorgó un contrato a principios de 2025 para que se encargara del proceso con nuevas máquinas, pero en mayo lo canceló porque harían otro proceso de adjudicación.

El tema de la resolución era ese, pero la pesquisa ha generado múltiples ramificaciones, que abarcan varias demandas, la renuncia de Pérez Peña y una recomendación que hizo el Departamento de Justicia el mismo viernes para que un Fiscal Especial Independiente la investigue por influencia indebida y violaciones a la Ley de Ética.

Por los datos que se conocen, la supuesta influencia indebida pudo ocurrir cuando Pérez Peña se comunicó con Mary Fuster Romero, directora de Servicios al Conductor del DTOP, para que despidiera al director de Investigaciones e Inspección, Arturo Deliz Vélez. Esto, después de que una investigación del centro que manejan ella y sus familiares, Yabucoa Auto Services, arrojara que se cobraba la inspección a los conductores sin ingresar la misma a los sistemas, por lo que no había una inspección ni marbete válidos como resultado de la misma.

En el episodio de la exsecretaria de Vivienda, Deliz Vélez, quien también es del equipo electoral del senador novoprogresista Juan Oscar Morales, es el que se queja de represión y actuación ilegal. Pero en la vista cameral, el funcionario quedó como el que sometió a varios centros de inspección a procesos irregulares en los que se les acusó de fallas y se les emitió multas con informalidad y arbitrariedad. La mayoría de los seis dueños que depusieron dijeron que no buscaron revisión judicial de las multas porque temían el control que tienen los funcionarios del DTOP sobre sus negocios y las posibilidades de represalias.

De hecho, Edner Sepúlveda, de Sepúlveda Services en Yabucoa, dijo que si no estuviera citado no hubiera ido voluntariamente a contar su experiencia. Su centro está cerrado desde 2023. La razón que le dieron, de boca, es que era parte de una auditoría. Nunca le formalizaron algo sobre esa auditoría por escrito. Luego fue a una reunión con Deliz Vélez y otro funcionario en la que el director de investigaciones le dijo que la auditoría arrojó 80 deficiencias y que su multa sumaba $25,000. Nunca le evidenciaron esos hallazgos y a lo que lo citaron fue a una reunión, no a una vista. Sepúlveda rehusó firmar para aceptar los hallazgos y pagar la multa, y sigue con su centro cerrado. “Yo llegué allí y eso era lo que había, ‘hazte culpable, firma aquí’ y ya”, dijo.

Luego de eso, a través de un tercero y sin ninguna notificación formal, Deliz Vélez le ofreció resolver la multa con un primer pago de $5,000 y un plan de pago para el resto, pero Sepúlveda no aceptó.

El presidente de la comisión cameral, José Hernández Concepción, preguntó durante el panel de la mañana si alguno de los dueños se había sentido amenazado.

“Yo sí”, declaró directamente Tawfeeg Abdelfatah Abuosba. “(Hay) miedo de todos los centros de que entonces, si hablas, te cierran el centro”, aseguró también.

Abousba es natural de Jordania y lleva más de 30 años como profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y también como dueño de gasolineras y seis centros de inspección, particularmente en el área de Santurce. Fue sin abogado, pero se mantuvo toda la vista moviendo las cuentas de su misbaha, o collar de oración dentro de la tradición musulmana.

Distinto a Sepúlveda, Deliz Vélez no intervino con él por una supuesta auditoría. Lo visitó en su centro de la avenida Eduardo Conde junto a Agustín Lozada Carrasquillo en 2022. En ese momento, el centro tenía permiso de uso, pero no el permiso único que el gobierno implantaba. No había carros pero los funcionarios le emitieron $8,500 de multa porque supuestamente había hecho una inspección 15 minutos antes. El desglose de la multa se lo dieron en un papel escrito a mano, pagó la multa con tarjeta de crédito, pero no le emitieron certificación de que había cumplido ni le dijeron qué hacer para reabrir el centro.

Incluso, luego, por hallazgos que hicieron en otro de los centros, se los cerraron todos y tampoco permitieron que un hermano suyo tramitara la apertura de otro centro. Asegura que no todos los señalamientos que le hicieron son su responsabilidad, pero que no ha podido lograr reuniones o arreglos para reabrir. Incluso, ha vendido algunos de sus centros porque estaba perdiendo $2,000 mensuales en cada uno por tenerlos cerrados sin poder inspeccionar.

“Yo me siento que es por ser extranjero” que no le han dado oportunidad de reabrir, dijo.

Dos de los seis deponentes, Manuel Medero de HMF Service Station y Zabalier Ortiz de Gama Group, dijeron que pudieron resolver sus multas y retomar operaciones rápidamente. Ortiz entiende que la multa de $5,000 que recibió por usar un vehículo que cumplía con inspección para pasarle la inspección a uno que no cumplía era excesiva, pero contestó que no apeló porque “es mejor pagar y seguir trabajando” y porque los amenazan con cerrarles los centros si no pagan.

El representante Denis Márquez Lebrón observó que a los centros les estaban dando multas administrativas por situaciones que, en algunos casos, la Ley de Tránsito dice que son delitos procesables criminalmente y también que el cierre de centros es algo que solo puede hacer el secretario del DTOP y no subalternos como Deliz Vélez.

Otros dueños presentaron documentos de sus casos que el DTOP no había entregado a la comisión y también ocurrió que la comisión tenía documentos que los mismos dueños no tenían.

En cuanto a la controversia por los suplidores de las máquinas, los dueños coincidieron en que las de Cartek son aparatos obsoletos para los que hay que hacer empates con otros equipos y para las que en ocasiones no hay ni piezas de reemplazo, pero también que la empresa les responde sus necesidades de servicio en cuestión de días.

En cuanto a Worldwide, coincidieron en que se enteraron de que habría un cambio cuando los citaron a reuniones en distintas regiones en las que estaban Deliz Vélez y representantes de la empresa. No fue para consultarlos, sino para notificarles del cambio y que sin las máquinas nuevas, les cerraban los centros. Ese cambio, sin embargo, no ha ocurrido todavía.

Las máquinas de Worldwide conllevan un pago inicial de $6,000 y pago mensual de $1,500 en modalidad de renta vitalicia porque no se las venden, como las de Cartek, que no cobran mensualidad por mantenimiento.

Abousba indagó y encontró que la misma máquina se puede comprar por $8,000, lo que lo llevó a pensar que en el nuevo esquema alguien estaría recibiendo dinero de manera irregular.

Hernández Concepción indicó que las vistas siguen el martes, para cuando están citados Deliz Vélez y la exsecretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, y el miércoles, cuando deben comparecer los secretarios de Hacienda y el DTOP, así como Fuster Romero.

El legislador añadió que ya conocen de 68 centros de inspección que recibieron multas y luego fueron rebajadas. “Los procesos tienen que ser justos y en ley”, subrayó sobre su intención de proponer cambios a la Ley de Tránsito como resultado de la investigación.