El acuerdo permitirá que jueces, juezas, examinadores de pensiones alimentarias y personal autorizado del Poder Judicial accedan en modalidad de consulta al portal de ASUME para revisar certificaciones de deuda o negativas de deuda, balances e historial de pagos.

La Administración para el Sustento de Menores y la Oficina de la Administración de los Tribunales firmaron el miércoles un acuerdo de colaboración para agilizar el manejo judicial de casos de pensión alimentaria mediante acceso digital a información actualizada del portal de ASUME.

“Este acuerdo impacta directamente a los participantes del sistema porque acorta los tiempos de respuesta en los casos de pensión y permite que las decisiones se tomen con información actualizada sobre deuda, historial de pagos y cumplimiento”, dijo la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, en declaraciones escritas.

“Esta colaboración reduce trámites, contribuye a una consideración judicial más informada de los casos y fortalece la coordinación interinstitucional”, indicó el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa.

El acuerdo permitirá que jueces, juezas, examinadores de pensiones alimentarias y personal autorizado del Poder Judicial accedan en modalidad de consulta al portal de ASUME para revisar certificaciones de deuda o negativas de deuda, balances, historial de pagos y otra información relacionada con casos ante los tribunales.

Según las entidades, el mecanismo será de acceso digital controlado y limitado a funciones de consulta, por lo que no permitirá modificar, eliminar ni añadir información al sistema. También incluirá medidas para proteger la confidencialidad de los datos y restringirá el acceso al personal autorizado en el ejercicio de sus funciones oficiales.

La colaboración busca reducir gestiones administrativas relacionadas con solicitudes de certificaciones e intercambio de documentos entre ambas entidades, con el fin de agilizar la atención de asuntos de pensión alimentaria y beneficiar a menores y familias que participan de esos procesos.

Como parte de la implantación, el acuerdo dispone la coordinación entre enlaces designados por ambas entidades, además de mecanismos de acceso, control y adiestramiento para el personal autorizado. La vigencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2028 y no conlleva intercambio de fondos entre las partes.