El actual zar de Energía sostuvo que la carta de 2022 era ilegal, que no se pueden enmendar contratos por cartas y que su negativa forma parte de los exhibits del pleito.

El Zar de Energía, Josué Colón, dijo que él no firmó la carta de extensión del contrato de LUMA Energy en 2022 porque tenía reparos legales sobre su validez.

Así lo confirmó también el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, al asegurar que esa negativa consta en los documentos que forman parte del litigio que está actualmente ante los tribunales.

Según Domenech, Colón no solo se negó a firmar la extensión, sino que expresó objeciones claras al mecanismo utilizado para prolongar el acuerdo con el operador privado del sistema eléctrico.

En el 2022, Colón ocupó roles clave en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la dirección de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP).

“Nadie puede contratar ni enmendar contratos gubernamentales mediante cartas, y mucho menos cambiar términos esenciales, dejando al gobierno indefenso”, sostuvo Colón en expresiones públicas, al explicar por qué no avaló la extensión.

Colón explicó que el proceso para sustituir a LUMA está regulado por ley, citando específicamente la Ley 120 y la Ley 29, y que cualquier transición debe cumplir estrictamente con ese marco jurídico. Añadió que, en la demanda presentada por el gobierno, se solicita al tribunal que autorice un periodo de transición debidamente estructurado para evitar interrupciones en el servicio.

Como precedente, recordó la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a LUMA, durante la cual los proyectos, contratos y servicios continuaron sin detenerse. Según explicó, ello se debe a que LUMA no es dueña de los contratos ni de los equipos, sino que actúa como agente de la AEE, que mantiene la titularidad de los activos.

“Los contratos, los equipos, los materiales y los fondos pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no cambia con el operador”, indicó.

Domenech, por su parte, respaldó las expresiones de Colón y alegó que la gobernadora lo nombró no solo como zar de Energía, sino también como director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), precisamente para dotarlo de facultades legales para fiscalizar el contrato de LUMA.

“Podemos ser del mismo partido, pero no son las mismas personas ni los mismos puestos”, afirmó Domenech al responder a cuestionamientos sobre la continuidad política entre administraciones del PNP.

Según alegó, desde enero se ha llevado a cabo una fiscalización “férrea”, evidenciada —según dijo— por cientos de cartas enviadas al operador, notificando incumplimientos, el inicio de la mediación y los señalamientos técnicos realizados durante el verano.

Las expresiones sobre la negativa de Colón a firmar la carta de extensión se producen en momentos en que Domenech ha admitido que no hubo fiscalización efectiva del contrato durante la pasada administración, también del PNP, y ha responsabilizado a exfuncionarios específicos por esa omisión.

Ese contraste ha sido utilizado por la actual administración para justificar la acción legal contra LUMA y para argumentar que la nulidad de la extensión responde a fallas estructurales y personales en el proceso previo, no a una diferencia partidaria.

Ambas narrativas —la admisión de la falta de fiscalización pasada y la negativa de Colón a firmar la extensión— forman parte del eje central del pleito con el que el gobierno busca cancelar el contrato con LUMA Energy.