El Proyecto del Senado 109, conocido como la «Ley para establecer el uso de torniquetes en la Policía de Puerto Rico», crea un marco legal que obliga a distribuir un torniquete en el botiquín de primeros auxilios de cada patrulla policial.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció la firma del Proyecto del Senado 109, una iniciativa del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, que establece la obligatoriedad del uso de torniquetes en la Policía de Puerto Rico para salvar vidas en situaciones de emergencia.

Esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales ante emergencias traumáticas, contribuyendo a reducir la mortalidad y proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía.  

El Proyecto del Senado 109, conocido como la «Ley para establecer el uso de torniquetes en la Policía de Puerto Rico», crea un marco legal que obliga a distribuir un torniquete en el botiquín de primeros auxilios de cada patrulla policial.

Además, establece la capacitación obligatoria en el manejo y uso de estos dispositivos, mediante talleres acreditados por organizaciones reconocidas como la Cruz Roja Americana o la American Heart Association. La ley también especifica que los torniquetes deben cumplir con los estándares de la FDA y requiere que los policías reciban entrenamiento de recertificación cada dos años. La iniciativa autoriza además donaciones de torniquetes y exime a los agentes de responsabilidad civil bajo la Ley del Buen Samaritano.  

Según se explicó, esta legislación tiene como objetivo principal dotar a los policías, quienes son la primera línea de respuesta ante emergencias, con las herramientas necesarias para detener hemorragias en extremidades causadas por heridas de bala, puñaladas o accidentes.

La rápida aplicación de torniquetes puede marcar la diferencia en la supervivencia de las víctimas, ya que cada minuto cuenta en estas situaciones. Estudios muestran que la aplicación temprana de torniquetes aumenta las tasas de supervivencia hasta un 89%, en comparación con las tasas del 76-78% cuando la atención se recibe en hospitales.

La ley busca reducir la tasa de mortalidad prehospitalaria, que en 2022 representó una parte importante de las muertes por traumatismos en Puerto Rico, afectando tanto a policías—que en 2022 perdieron la vida en traumatismos—como a civiles, en homicidios y accidentes, principales causas de muerte en menores de 75 años en la isla.  

Ríos Santiago expresó que “esta firma es un compromiso vital con quienes nos protegen día a día; equipar cada patrulla con torniquetes y capacitación salva vidas en los primeros minutos críticos de una hemorragia.” Añadió que, “en Puerto Rico, necesitamos que nuestra Policía tenga herramientas probadas que busquen proteger sus vidas, como las utilizadas en el Maratón de Boston o donadas por Spirit of Blue, que ya salvaron la vida del agente Rivera.”  

La ley responde a la estadística de aproximadamente 80,000 muertes anuales en Estados Unidos por sangrado incontrolado y a los retrasos en la atención médica de emergencia en Puerto Rico. La iniciativa se inspira en campañas nacionales como STOP the BLEEDING y en leyes similares en estados como California, Indiana y Nueva Jersey, además de iniciativas y campañas locales que buscan mejorar la preparación en emergencias de las fuerzas policiales.