«Confianza pública y legitimidad democrática» fueron ejes de discusión entre los partidos.

A través de una resolución conjunta, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, inició un proceso de vistas públicas que se extenderán hasta el lunes 15 de diciembre para analizar el controvertido Proyecto del Senado 717 (PS717), que pretende modificar la Ley 58-2025 del Código Electoral de Puerto Rico.

El primer día de audiencias estuvo marcado por intensos debates entre legisladores y líderes de los cinco partidos políticos registrados. 

El PS717, promovido por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, plantea cambios significativos, como modificar fechas y términos electorales, ampliar el voto adelantado presencial a personas desde los 55 años, y permitir el envío de papeletas por correo o electrónicamente. Estas propuestas han suscitado inquietudes respecto a la transparencia y seguridad del voto.

Durante las presentaciones, varios participantes expresaron su insatisfacción, especialmente sobre la accesibilidad al voto adelantado presencial para mayores de 55 años y la notificación obligatoria de resultados preliminares en menos de 96 horas tras las elecciones. Sin embargo, también hubo consenso en aumentar el número de Juntas de Inscripción Permanente (JIP) en cinco por cada distrito senatorial, así como incorporar otras enmiendas relacionadas con funcionarios electorales.

“Necesitamos elaborar el nuevo código con participación ciudadana y multisectorial”, señaló Eva Prados, coordinadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien además denunció la rapidez en la tramitación del proyecto y la falta de un proceso participativo, advirtiendo sobre el riesgo de fraude en el voto por correo certificado. 

Por su parte, Nilda Pérez, de Proyecto Dignidad, pidió mayores controles técnicos y logísticos, abogando por restringir el voto por correo solo a mayores de 80 años y restaurar el código electoral de 2011 para mayor neutralidad. 

“Puerto Rico necesita un nuevo pacto electoral, no un parcho”, sentenció al tiempo que explicó que, a su juicio, el PS717 representa un retroceso para la integridad del sistema electoral. 

Entre sus efectos más preocupantes, Pérez desglosó el aumento de la desconfianza pública, la concentración de poder en un solo partido, la flexibilización de mecanismos altamente vulnerables, la reducción de la supervisión multipartidista y la omisión de las fallas técnicas que han quedado en evidencia en los últimos procesos electorales.

Pérez insistió en construir un pacto electoral basado en el consenso y rigor técnico, solicitando detener el PS717 e iniciar un proceso seguro que privilegie a Puerto Rico por encima de intereses partidistas.

“El sistema electoral es la columna vertebral de los que aspiramos a una democracia plena. Por ello, cualquier cambio al andamiaje debe darse en consenso amplio y transparencia”, manifestó Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Dalmau advirtió sobre reformas que podrían debilitar la equidad democrática y favorecer a ciertos sectores, repasó la historia del código y cuestionó la creación de la Comisión Conjunta encargada del tema. 

“La manera en que se ha hecho el acercamiento a los cambios que deben realizarse al Código Electoral ha sido apresurado y promueve la imposición unilateral de un partido, en lugar de la inclusión y búsqueda de consenso. Ejemplo de ello es que la discusión de hoy se limita a un proyecto -el PS 717- que ya fue aprobado con los votos únicamente del PNP en el Senado. Daría la impresión de que hay una predeterminación a que el proyecto sea igualmente aprobado en la Cámara. Eso haría meramente simbólico el propósito de la creación de esta Comisión Conjunta. Sólo el tiempo y sus acciones demostrarán si solo fue percepción o se trató de una realidad”, señaló Dalmau en su ponencia.

La representante Yashira Lebrón defendió la labor legislativa, subrayando el compromiso de garantizar procesos electorales limpios y modernos, sin retroceder a códigos pasados. 

El Partido Popular Democrático (PPD) reiteró su desacuerdo con el PS717, argumentando que concentra el poder y reduce la representatividad, señalando además la pérdida de confianza desde la reforma de 2020.

Por otro lado, el Partido Nuevo Progresista (PNP) defendió el proyecto, destacando avances tecnológicos y logísticos como la creación de cuarenta nuevas Juntas de Inscripción Permanente y la implementación de sistemas electrónicos.

Las delegaciones de MVC, PPD y Proyecto Dignidad solicitaron pausar el trámite legislativo hasta lograr un consenso. Entre las propuestas discutidas figuran el límite de 96 horas para notificar resultados preliminares, la reestructuración de las Juntas de Inscripción Permanente y la eliminación automática de representación para partidos sin funcionarios presentes en el recuento.

En el arranque de las vistas, la ausencia de los presidentes de los principales partidos fue notoria. La gobernadora Jenniffer González Colón, fue representada por el licenciado Aníbal Vega Borges debido a compromisos oficiales, mientras que el presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, fue representado por Ernesto González, comisionado electoral, quien informó que el líder estaba en Washington cumpliendo funciones relacionadas con fondos federales y derechos de inmigrantes.

La ausencia de ambos, en una discusión de tal relevancia, sorprendió. Especialmente considerando el rechazo mayoritario al PS717.

Las vistas públicas continuarán el viernes 12 de diciembre con la participación de Jorge Rivera Rueda (CEE), Vivian Godineaux Villaronga (Colegio de Abogados y Abogadas), Vanessa Santo Domingo Cruz (excomisionada PNP), Karla Angleró González (excomisionada PPD), Nelson Rosario (Proyecto Dignidad) y Olvin Valentín (MVC). 

Mientras que el lunes, 15 de diciembre, se espera la intervención de funcionarios y comisionados electorales de los distintos partidos.

El PS717, presentado por Thomas Rivera Schatz el 8 de septiembre, fue referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, también presidida por él, y aprobado en el Senado el 6 de noviembre mediante procedimiento expedito, pese a que las delegaciones del MVC, PPD y PD pidieron detenerlo.