Ante la juez Nerisvel Duran Guzmán, del Tribunal Superior de San Juan, el abogado Juan Maldonado de Jesús hizo alegación de culpabilidad en el caso que llevaban los fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), sobre la compra ilegal de $38 millones en pruebas covid hace cinco años.

Los fiscales Ramón M. Mendoza Rosario y Zulma I. Fuster Troche lograron la culpabilidad en el caso, a pesar de que la investigación preliminar realizada por el Departamento de Justicia en aquel entonces no recomendaba la designación de un FEI, lo que fue rechazado por el Panel.

Maldonado fue el abogado gestor del controvertible contrato otorgado por el Departamento de Salud a la empresa de construcción Apex General Contractors, para adquirir las pruebas a un monto de $38 millones.

Este renunció a la vista preliminar e hizo alegación de culpabilidad por el delito, según imputado, por infracción al Art. 202 del Código Penal (Tentativa de fraude en su modalidad grave).

También hizo alegación de culpabilidad por el delito según imputado, por infracción al Art. 211 del Código Penal (Falsificación de documentos en su modalidad grave).

Como parte del acuerdo con el FEI, el cargo por infracción al Art. 254 del Código Penal (Intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales), se reclasificó a un Art. 208 del Código Penal de Puerto Rico (Delito de impostura).

Además, se archivaron los cargos por infracción al Art. 212 del Código Penal (Falsedad ideológica), y el de infracción al Art. 217 del Código Penal (Posesión y traspaso de documentos falsificados), ambos bajo el amparo de la Regla 247(a) de Procedimiento Criminal.

Maldonado también pagara al PFEI la cantidad de $10,000 por gastos incurridos por la entidad.

La vista de lectura de sentencia fue citada para el 20 de febrero de 2026, a las 9:00 am en la Sala 1104 del Tribunal Superior de San Juan.

Senador Morales afirma que el tiempo le dio la razón

«Con la declaración de culpabilidad del Lcdo. Juan Maldonado en el caso de la compra ilegal de pruebas covid-19, podemos afirmar que el tiempo nos ha dado la razón. Hace cinco años, cuando la incertidumbre y el pánico arropaban a la Isla, la Comisión de Salud de la Cámara que tuve el honor de presidir investigó a fondo el escándalo de la compra de pruebas rápidas a sobreprecio”, dijo el senador novoprogresista Juan Oscar Morales.

“Documentamos cada anomalía, desde la forma irregular en que se otorgó el contrato con Apex hasta la evidente participación y las gestiones del Lcdo. Maldonado, entonces exdirector de la ATM, que fueron más allá de su rol. Nuestro informe final no se quedó en un cajón; hicimos los referidos pertinentes a las agencias investigadoras, confiando en que se haría justicia”, dijo en declaraciones escritas.

“La decisión del Lcdo. Maldonado de declararse culpable hoy ante el Tribunal es la validación directa, firme e innegable, de la labor de fiscalización que hicimos como cuerpo legislativo. Esto no es un simple caso administrativo; se trata de utilizar una emergencia de salud pública, donde la gente temía por sus vidas, para intentar obtener un lucro ilegal, dañando la confianza pública y malgastando fondos esenciales”, afirmó.

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