Luis Gallardo Rivera, co-director del Centro para la Rehabilitación del Hábitat, advierte no podemos normalizar que haya gente sin techo cuando existen propiedades abandonadas, muchas habitables.

La semana pasada se cumplió un mes desde que hemos estado bajo órdenes de mantenernos en nuestros hogares. A pesar de las dificultades económicas, sociales y psicológicas que acompañan este periodo, quedarse en casa es la mejor defensas que tenemos contra la propagación del COVID-19. Sin embargo, tener un hogar se ha convertido en un lujo, especialmente con el paso de la crisis económica, desastres naturales, austeridad y políticas públicas que favorecen el “desarrollo” a toda costa.

El cierre y toque de queda también es muestra de la problemática en Puerto Rico por la falta de vivienda accesible y segura. A manera de ejemplo, para octubre del 2019, se estimaba que habían 30,000 casas con “techos azules” de FEMA, luego de que sufrieran daños por los huracanes Irma y María.

Con la paralización de la construcción y con poco acceso a ferreterías y a mano de obra, hay miles de familias que han pasado la cuarentena en viviendas inseguras y bajo techos que gotean agua. Lamentablemente, una vez concluida la cuarentena, miles de familias seguirán viviendo bajo estas condiciones, quizás por años, y otras se verán obligadas a abandonar sus hogares.

Otro problema es que hay cientos de miles de familias sin un título de propiedad formal de sus hogares. En parte eso se debe a problemas sucesorios, pues obtener la titularidad de una vivienda puede ser un proceso lento, costoso y complicado, dificultando el traspaso de viviendas de una generación a otra. Por ejemplo, el periodo que una persona debe de ocupar una vivienda para poder reclamarla como suya puede tomar hasta 30 años, un término oneroso y arcaico en comparación con otros países y estados. Muchas de estas casas terminan vacantes y abandonadas.

Nuestro Registro de Propiedad es ineficiente, difícil de acceder para muchas familias y no es representativo de la realidad en que vivimos. Aunque han habido grandes esfuerzos para digitalizar el Registro y hacerlo más accesible, la gran mayoría de nuestro inventario de vivienda es del siglo XX y por ende, el registro contiene tiene datos anticuados, falta tracto e incluso hay miles de propiedades que no está registradas. Hay muchas casas vacantes y abandonadas que ni quisiera están disponibles en el mercado por falta de tracto o dueño identificable.

Finalmente, hay cientos de miles de familias viviendo bajo el riesgo de desplazamiento. Algunas viven dentro de comunidades que sufren de falta de inversión pública, que son víctimas de presiones económicas (como es la “gentrificación”) o que están localizadas dentro de zonas de riesgos (pero mitigables).

Docenas de alcaldes, por ejemplo, presentaron durante las vistas iniciales del CDBG-DR proyectos que permitirían el desplazamiento de comunidades para desarrollar proyectos puramente privados como centros comerciales o cines. Similarmente, hemos escuchado todos las historias de inversionistas comprando vivienda asequible en masa para convertirla en alquileres de corto plazo.

No podemos normalizar y aceptar que haya tanta gente viviendo sin techo o bajo techos inestables cuando existen propiedades abandonadas, muchas de las cuales son habitables o rescatables.

Estamos viviendo tiempos difíciles y llenos de incertidumbre. En algún momento saldremos de esto y dentro de la medida posible, la sociedad y la economía volverán a “normalizarse”.

Sin embargo, nos toca a todos y todas continuar abogando por políticas públicas y programas que busquen asegurar el acceso a la vivienda y la creación de un hábitat saludable y seguro. Entre ellos, debemos abogar por una política pública que reconozca el derecho a un hábitat saludable y seguro como un elemento esencial de una sociedad próspera y saludable.

El autor es el co-director del Centro para la Rehabilitación del Hábitat, una organización sin fines de lucro que busca promover la identificación y adecuada disposición de las propiedades abandonadas en Puerto Rico.