El expresidente de la Cámara, Jaime R. Perelló repasa cómo las mega tiendas pudieron seguir vendiendo todo tipo de productos durante la pandemia, mientras las pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar sus puertas.

La pandemia del Covid-19 ha sido un gran reto económico para Puerto Rico. Miles de negocios alrededor de la Isla han tenido por instrucciones del gobierno que cerrar sus puertas y con esto asumir todas las consecuencias económicas y psicológicas que conlleva la instrucción.

La gran mayoría de estos negocios impactados, son Pequeños y Medianos Empresarios (PyMEs). Mismo sector que a pesar de las desregulaciones del gobierno a favor de las grandes cadenas se han convertido en el motor del desarrollo económico de Puerto Rico y el generador de más del 80 por ciento de los nuevos empleos en la Isla.

Puerto Rico había dado cátedra en el mundo al establecer una de las primeras medidas para crear un balance empresarial entre las mega cadenas y las PyMEs dentro de la Ley 62 del 2013 con el establecimiento del Estudio de Impacto Económico Regional. — estudio requerido para todo proyecto que proponga un establecimiento de ventas al detal y/o al por mayor, a gran escala, de más de sesenta y cinco mil (65,000) pies cuadrados de área de venta y almacén. De igual forma, aquel establecimiento que fuese a dedicarse a las ventas al detal de mercancías mixtas, de quince mil (15,000) pies cuadrados o más, de área de venta y almacén.

El Estudio era un acto de justicia y buscaba la equidad comercial que necesita una economía real fomentando un desarrollo económico ordenado. Lamentablemente y luego de haber logrado con éxito pasos afirmativos en la planificación efectiva del establecimiento de las mega cadenas y lo vital para el balance empresarial en la Isla, fue eliminado por la Legislatura que inicio en enero del 2017.

Las recientes pruebas de los huracanes y temblores estaban empezando a ser superadas pero la situación de la pandemia ha sido el golpe más duro para las PyMEs. El compromiso con la salud de sus empleados y sus clientes fue fuerza mayor para cumplir sin vacilaciones las instrucciones del gobierno de cerrar sus puertas.

A estas solo le quedaba esperar y tener la suerte de poder recibir las pocas ayudas económicas disponibles a tiempo para al menos poder cumplir con pagarle el salario o parte, a los miles de trabajadores que dependen de ellos. Pero como si fuera una historia trillada que se repite una y otra vez las grandes empresas lograron ser incluidas en los fondos federales para ayudas a los pequeños comerciantes, llevándose una gran tajada de los fondos, privando a las PyMEs de la ayuda que les correspondía. No solo sus prácticas abarcadoras de mercados afectan el día a día de nuestras empresas, para colmo les quitan parte de las pocas ayudas que reciben del gobierno.

Mientras las diferentes órdenes ejecutivas de la gobernadora se ponían en vigor para regular que tipo de comercio puede abrir o no durante la emergencia de la pandemia las mega cadenas fueron poco a poco abriendo sus pasillos para vender todas los artículos que el resto de las empresas locales estaban prohibidas vender. No empezaron a abrir sus pasillos de ventas de productos mixtos por algún decreto especial a su favor, lo hicieron en violación a las órdenes del Estado. El gobierno tenía que saber de esta práctica, pero al parecer decidieron no hacer nada porque indirectamente les funcionaba para calmar los ánimos de ciudadanos que solicitaban poder comprar cosas más allá de los alimentos, efectos de limpieza entre otros pocos permitidos.

Sin lugar a duda había necesidad de hacer otro tipo de compras; ante el decreto del toque de queda prácticamente no dio el tiempo para adquirir artículos que de costumbre se compran según la necesidad. Los padres de repente se dieron cuenta que la impresora no tenía tinta, que la computadora de la casa estaba obsoleta, que no tenían materiales escolares para el “homeschooling”. Unido a los miles de trabajadores que tuvieron que montar una oficina en la casa de un día para otro. Es ahí que nos hacemos la pregunta: ¿En dónde en las órdenes ejecutivas promulgadas detallaron todo eso como una necesidad apremiante? Pues en ningún lado. Entonces el Estado decidió hacerse de la vista larga para que las mega cadenas vendieran lo que quisieran. Si el gobierno detectó una necesidad debió permitir de manera ordenada que las PyMEs y demás empresas locales también pudieran suplirla y de paso dejar algo de dinero en el País, porque el dinero de las mega cadenas se va volando a la media noche fuera de Puerto Rico.

Esta semana la empresa puertorriqueña Kress dio un paso valiente y demandó al gobierno por discrimen ante la clara violación de las mega cadenas a las órdenes ejecutivas promulgadas por La Fortaleza. La acción de esta empresa además de ser un grito de justicia también es producto, a mi entender de una frustración de años de ver como estas grandes empresas siguen con prácticas de control de los mercados es una clara lucha desleal, además del claro trato discriminatorio del resto de las empresas locales.

El planteamiento de las empresas Kress no solo es correcto, es también un llamado al sentido común y a la justicia hacia el comerciante local. El Estado no puede permitir actos discriminatorios y aún más cuando estos atentan contra miles de padres y madres de familia en la Isla. Claro que todos queremos tener la libertad de comprar lo que necesitamos, pero también debemos tener la libertad de tener el juicio de comprarlo donde queremos y debemos.

¿Al final no es menos peligroso para contagios tener la gente dispersa en muchos pequeños y medianos negocios que miles remolinados en un solo lugar? Obvio.