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Opiniones

De Directorios

El licenciado Víctor García San Inocencio opina sobre las decisiones tomadas por el Directorio del PNP el pasado domingo.

Licenciado Víctor García San Inocencio, columnista de NotiCel.
Foto: Juan R. Costa

El 26 de julio del 1794, el abogado, escritor, diputado y líder revolucionario Maximiliano Robespierre --el incorruptible como se le conoce-- pronunció ante la Convención francesa un discurso de denuncia a los excesos revolucionarios, a las intrigas y conspiraciones declarando premonitoriamente:

“¿Qué puede objetarse contra quien anhela decir la verdad y consiente en morir por ello? … Yo he nacido para combatir el crimen, no para dirigirlo, y aún no ha llegado el tiempo en que los hombres honrados puedan servir a la nación sin ser castigados”.

Dos días después Robespierre era guillotinado.

El Directorio fue la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa. Se estableció el 26 de octubre del 1795, y terminó con el golpe de estado el 9 de noviembre del 1799 (18 Brumario) consumado por Napoleón, quien estableció el Consulado.

El Directorio constaba de cinco miembros del Ejecutivo, mientras que el Legislativo lo formaban el consejo de los Quinientos y el Consejo de los Ancianos compuesto por 250 miembros, que pasaría a ser durante el Consulado napoleónico el Senado. La presidencia del Directorio rotaba entre los cinco directores cada tres meses, y un miembro era electo cada año, en un procedimiento donde una lista de 10 ciudadanos era sometida por el Consejo de los Quinientos, y de ahí, el Consejo de Ancianos elegía al próximo Director. Fieles al espíritu anti tiránico y antimonárquico de la época, el diseño evitaba la continuidad y concentración de poder en una sola persona.

El domingo pasado se celebró otro Directorio en una colonia caribeña. Ensardinados, sin distanciamiento anti pandémico e impunidad --con guillotina y otras hachas-- fijaron la primaria PNP, incluida la selección a la candidatura a la gobernación, para el mes de agosto. Nuevamente, se prorrogó la presidencia de ese partido en la persona de Thomas Rivera Schatz, quien también preside el Senado, y de quién se dice maneja los hilos de la inelecta gobernadora, licenciada Wanda Vázquez.

La consolidación del control del PNP, no sólo se consiguió con esa presidencia nuevamente prorrogada. Recordemos que la obediente y leal servidora de Rivera Schatz, llegó a la gobernación por una impugnación al asalto a la cañona de ese cargo por parte del aspirante Pierluisi. Desahuciado de Santa Catalina por decisión unánime por el Tribunal Supremo, éste radicó candidatura a la primaria para el cargo, pero se le esfumó la posibilidad de ocupar la presidencia siendo candidato único, cuando súbitamente, la “apolítica” deudora del presidente senatorial decidió --no sabemos a instancias de quién-- aspirar a gobernadora en la primaria frustrando una presidencia de Pierluisi.

Por otra parte, entre hachas y guillotinas fue nombrada a la jefatura del equipo electoral una funcionaria muy conocedora del proceso, leal seguidora del doble presidente Rivera Schatz, doña María Dolores “Lolin” Santiago. De esta forma rodó la cabeza de Norma Burgos --quien se aclaró llegó tarde, y no tenía tampoco derecho a votar, enemiga declarada de Rivera Schatz, que a pesar del escándalo de los vagones, su lucha judicial por la intransparencia y cuestionamientos sobre nepotismo, se mantenía aún con vida. Probablemente una de las más largas carreras políticas, en las que transitó colaborando con Hernán Padilla y Héctor Luis Acevedo en la Capital, Pedro y Ricardo Rosselló en la gobernación, haya terminado, como el título de un libro de Pedro Antonio de Alarcón.

El saldo político de esa reunión es que Rivera Schatz prolonga su presidencia de partido hasta agosto, controla absolutamente su aparato y maquinaria electoral, tiene las riendas de la administración Vázquez Garced, con lo que controla también las llaves de cerca de medio centenar de nombramientos judiciales por vacantes pendientes, el trámite legislativo --y al menos por los próximos ocho meses-- la gran fiesta de las transferencias federales. De paso, hablando de legislación, ha aprobado una ley --que aun previendo una derrota electoral de su partido-- garantiza que sea una mayoría del Tribunal Supremo, si no violenta ello la separación de poderes --probablemente de 7 a 2-- sea quien decida la Presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, en caso de tranque previsible a nivel del ente electoral.

El Directorio del PNP, que casi nunca se reúne y que el presidente interino, no lo convocaba hace meses, tuvo la reunión consolidatoria y decapitadora en circunstancias cuestionables. Mientras se denunciaba, so pena de multas, a todos los mortales en Puerto Rico que violentasen la cuarentena en día domingo, sostenían una reunión ---que trató de ser justificada por el doble presidente-- a base de que se elegía a la Comisionada Electoral, y que con ello se le extendía, una especie de scintilla de sombrilla excepcional a los participantes ensardinados de allí en la inauguración de su sede. La penosamente jocosa justificación, no resiste agua, pero quién habría de procesar una denuncia al respecto involucrando a los presidentes camerales, líderes mayoritarios, y a la mismísima ordenadora la gobernadora. Además, la orden ejecutiva está tan pésimamente formulada que probablemente ni los procesamientos, ni las multas aguantarían cuestionamientos.

Pero el mensaje enviado fue feo, fue desafortunado el ejemplo. Dios quiera que ninguna persona asintomática portadora de Covid-19, se haya paseado por allí, pues se arriesga la salud de personas entre las que puede haber algunas más vulnerables.

Dudo mucho que en el otro Directorio, en el democrático y revolucionario moderado del 1795 al 1799, nada parecido hubiese sucedido.

Nota: No hay comparación posible entre Maximiliano Robespierre y la pasada Comisionada Electoral del PNP. Hay muchos mundos de distancia.

El autor es abogado, exrepresentante y excandidato a comisionado residente por el Partido Independentista Puertorriqueño. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la misma institución. Tiene además un doctorado de la Universidad del País Vasco (2016).