Columna de opinión del licenciado Carlos J. Sagardía.

La forma y manera en que se suscitaron los comicios primaristas y las elecciones generales del 2020 ha evidenciado de manera inequívoca que nuestro proceso electoral requiere cambios que garanticen la transparencia y confiabilidad de sus resultados. Es irrefutable que el ciclo electivo que recién culmina aconteció en el escenario de una pandemia global que afectó adversa y drásticamente la dinámica del ejercicio del derecho al voto. También es innegable que las reglas de juego sufrieron cambios con proximidad al evento que abonaron a la falta de certeza en el mismo. De ahí que la realidad indiscutible es que la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones como sostén cardinal de la democracia ha recibido graves golpes y está en uno de los peores momentos que ha enfrentado la institución.

Los acontecimientos electorales de 2020 dejaron un legado de confrontación, controversias legislativas, litigios judiciales, incluyendo múltiples intervenciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, polémicas públicas sobre alegado fraude y otras alegadas irregularidades, y múltiples dimisiones de altos funcionarios. La totalidad de estas circunstancias, según hemos mencionado, ha generado cuestionamientos enérgicos a la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones para escudar la voluntad electoral de los puertorriqueños. Tales realidades, extraordinarias por demás, ponen de manifiesto la necesidad de que, de cara al 2024, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, los líderes de la Asamblea Legislativa y la Comisión Estatal de Elecciones delineen un plan de rescate del proceso electoral que sea fruto del consenso y que provea todas las protecciones necesarias para preservar el derecho más sagrado que garantiza la Constitución: el sufragio libre, voluntario y no susceptible de ser objeto de fraude o cuestionamientos frívolos a su legitimidad.

Durante los pasados días, el Gobernador Pierluisi dio el paso adelante y sostuvo una reunión con el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito» Hernández, con el fin de sentar las bases para el rescate de la confianza pública en las elecciones puertorriqueñas. Aún cuando existan diferencias ideológicas, particularmente en lo que respecta a la elección especial de delegados especiales al Senado y Cámara del Congreso Federal que debe realizarse por virtud de la Ley 167-2020, Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, existe la disposición del Gobernador Pierluisi para afrontar la tarea de realizar todos los cambios que sean necesarios al Código Electoral vigente. Estas reformas electorales tienen que ineludiblemente garantizar que exista un proceso limpio, justo, confiable y transparente. La participación de todos los partidos políticos debidamente certificados resulta clave en el éxito de esta encomienda. La convocatoria del Gobernador Pierluisi a atender este tema con celeridad y apertura representa un paso adelante para comenzar a trazar el camino hacia el rescate del proceso electoral y, en fin, de la confianza ciudadana en la democracia puertorriqueña.

Sin embargo, y según han evidenciado las expresiones públicas del Gobernador Pierluisi, la reparación del proceso electoral mediante enmiendas legislativas no constituye una carta blanca para subvertir la voluntad electoral y poner en jaque la lucha por la Igualdad que todos los puertorriqueños se merecen. La Ley 167-2020 proveerá a los puertorriqueños otro mecanismo de presión política para garantizar que la lucha por la igualdad de derechos se sigue arreciando en Washington DC, y que los puertorriqueños obtengan el trato igualitario en todos los programas de asignación de fondos federales. El fin público detrás del gasto de dicha elección resulta indudablemente claro. Las partidas presupuestarias para costear dicho proceso resultan razonables a la luz de los resultados que la administración Pierluisi y la Delegación Congresional deben lograr en el manejo de las relaciones federales dentro de la presidencia de Joe Biden y el Partido Demócrata de los Estados Unidos.

Existe mucho por correr en el camino de los cambios electorales que se avecinan. El Gobernador Pierluisi ha empezado a dar los pasos correctos para reconocer la inconformidad con el Código Electoral vigente, pero ha dejado claro que ello no implica que cederá a sus compromisos ideológicos y programáticos relacionados a la lucha por la Igualdad. La inversión de fondos públicos en la búsqueda de trato igualitario no es negociable. Esperemos que el consenso en los asuntos que versan sobre el proceso sea el criterio rector y que el rescate electoral se perfeccione sin lesionar, más todavía, la democracia.