Columna de opinión de Ángel Figueroa Jaramillo

Es importante que los puertorriqueños dediquemos unos minutos a pensar en lo siguiente. El Centro de Periodismo Investigativo realizó un excelente trabajo poniendo sobre la mesa el gasto desmedido que le ha resultado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la contratación con LUMA Energy.

Recordando que el contrato con este consorcio es por la cantidad de $1,500 millones y que todavía no se ha empezado a ejecutar, los preferidos de la Autoridad de Alianzas Público Privada (AAPP) facturaron en sus primeros seis meses $19 millones, subcontratando a unas 60 corporaciones.  Para finales de enero de este año ya promediaban $7.8 millones mensuales y sus abogados facturan a razón de $1,245 por hora. Para resumir, al día de hoy, han facturado $89.8 millones solo por aprender y conocer las operaciones.

La empresa Alumbra, que fue subcontratada para hacer planes de transformación, facturó $1.3 millones mensuales. En la misteriosa contratación de la coronela Michelle Hernández de Fraley, cuyas labores en seguridad comenzaron el 1 de febrero, el gasto se estima en $200,00 anuales.

Lo interesante de toda esta costosa facturación es que se hace y se paga sin que nadie en la AEE pueda revisar y comprobar la naturaleza de su contenido. Lo apropiado de la facturación es conocer detalladamente cuál fue el fin público de lo facturado y cómo nuestro país se benefició. El flamante presidente de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, Fermín Fontánez, ha tenido la desfachatez de justificar este atropello, acciones que sigue minando la credibilidad del gobierno del gobernador Pedro Pierluisi.

Una situación similar a lo que ocurre con la facturación de LUMA Energy es lo que ocurre con los reclamos del Representante de los Consumidores, Ing. Tomas Torres Placa, ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la falta de transparencia sobre este contrato. Él pide explicaciones y éstas no trascienden públicamente y mucho menos se toman en cuenta para corregir. Es importante precisar que, en este asunto, como en todos aquellos que afectan a los consumidores de energía eléctrica el Representante de los Consumidores, Tomás Torres Placa, ha levantado su voz y ha denunciado públicamente.

Como si fuera poco después de después de meses de discusión publica sobre la falta de transparencia sobre la facturación durante el proceso de aprendizaje y familiarización por parte de Luma Energy, la Comisión de Energía emitió una resolución el pasado 17 de febrero dándole 10 días para que Luma Energy entregue toda la documentación detallada de sus facturas.

Estos hechos que hemos señalado, que apenas son la punta del gran tímpano de hielo de los desmanes empresariales en la AEE, tienen que ser reflexionados por nuestros lectores. Tenemos que ser sensibles y conocer cómo, en un momento como el que estamos viviendo, se le roba descaradamente al país su principal industria y los recursos económicos que genera.

Ni un solo centavo de lo que se llevan estas empresas revierte en ganancias o beneficios especiales para Puerto Rico. Luego de poco más de medio año de apropiarse de millones de dólares que pagamos en las facturas de la luz, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay diferente en el horizonte de la AEE que pueda acreditarse a LUMA Energy? ¿Qué nuevos recursos, qué nuevo programa, qué nueva propuesta le ha presentado esta empresa que tanto dinero nos ha costado al país? ¿Cuánto nos va a economizar en la factura mensual la gran inversión de capital que estamos haciendo en LUMA Energy?

Lo único que destaca públicamente de LUMA Energy es su hostilidad hacia los trabajadores que construyeron y han mantenido a la Autoridad de Energía Eléctrica desde su origen, su enriquecimiento acelerado y la secretividad de sus facturas y contrataciones. Todo lo que se puede decir de esta supuesta Alianza Público Privada donde unos señores empresarios se quedan con todo y el país no acaba de beneficiarse de su multimillonaria inversión es negativo.

Desde la perspectiva de los trabajadores, que apenas significamos un 10% del gasto operacional de la AEE, hay un hecho que queremos destacar. Desde hace doce (12) años no hemos visto, en términos generales, cambios positivos en nuestros ingresos y en nuestras condiciones de trabajo. Todo lo contrario, hemos visto como le Ley 66-2014, ley 3 y 26-2017 junto a la mal llamada Reforma Laboral disminuyó los beneficios y eliminó derechos, como la Junta de Control Fiscal deliberadamente junto a la AEE han dejado de aportar a nuestro Sistema de Retiro con la deliberada intención de llevarlo a la quiebra y cómo, en la acción más canallesca, planificó para destruir nuestra organización sindical pretendiendo dejarnos a los trabajadores sin representación ante el patrono.

Es hora de comenzar a pedir cuentas y a tomar acción contra los irresponsables que han permitido que la AEE sea arrebatada de las manos del pueblo puertorriqueño. Hay que pedirle cuentas y fijarle responsabilidades a los gobernantes que se prestaron para la privatización de la AEE, a los legisladores que crearon el marco jurídico para su entrega, a la Junta de Control Fiscal que dirige la acción de los anteriores tras bastidores, a la Autoridad de Alianzas Público Privadas que actúa como cómplice de LUMA Energy, al Gobernador que no ha cumplido sus promesas y a todos aquellos que con su silencio e inacción condonan el robo de los bienes patrimoniales de nuestro pueblo. Pensemos, reflexionemos y actuemos contra el despilfarro de fondos y la entrega de nuestra Autoridad de Energía Eléctrica.