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El desmantelamiento de la AEE

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Columna del presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo.

Todos los días tengo la oportunidad de compartir con el país, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, elementos sobre el estado operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en lo que respecta al servicio de electricidad que se está ofreciendo a los clientes de LUMA. Lo hago evaluando y verificando la información que recibo a través de múltiples canales de información desde el interior de la propia AEE. Cuando surge información contradictoria o un tanto inverosímil, tomo el tiempo necesario para verificar las incidencias, corroborar la información y, sobre todo, analizar los datos a la luz de la experiencia adquirida en los muchos años de trabajo en nuestra primera industria.

Es así como vamos reconociendo los patrones de acción de la gerencia, tanto la de LUMA como la de la AEE, en cuanto a los objetivos que se establecen para pretender dirigir la opinión pública hacia los fines que persiguen con uno de los más valiosos activos del país.  Está muy claro para todos que el Gobernador Pedro Pierluisi está decidido a entregar la AEE a la empresa privada. Para ello cuenta con el apoyo decidido de los integrantes de la Junta Dictatorial incluyendo la propia Junta de Gobierno de la AEE. Lo próximo, según el plan esbozado por la fracción del bipartidismo que controla los asuntos públicos, es la privatización de las plantas generatrices.

Sin embargo, el papelón que viene desempeñando LUMA no abona en nada al proyecto de entrega de la AEE a manos privadas. La prepotencia de su presidente negándose a acatar las órdenes del Tribunal para que entregue a la Legislatura la información que le ha sido requerida para intentar una evaluación del cumplimiento o incumplimiento del consorcio privado,  las inverosímiles explicaciones por el mal servicio, la mala fe manifiesta de esta empresa privada al  atender los reclamos diarios de los clientes, el trato irrespetuoso y la acumulación de querellas sin resolver sobre equipos electrodomésticos averiados a causa de los apagones, las múltiples quejas de comerciantes e industriales,  constituyen evidencia acumulativa de la incompetencia de la empresa privada para tener a su cargo un servicio tan esencial como lo es el suministro de la energía eléctrica del país. Y como si fuera poco las continuas solicitudes de aumento al costo de energía.

Resulta interesante anotar como, al impulsar el proyecto de privatizar la generación de electricidad, se pasa por alto que en el sistema actual de producción de energía eléctrica hay dos plantas generatrices privadas a las que nadie menciona y mucho menos se les pide cuentas o se le exige que aporten a la solución de la problemática de generación que el país enfrenta. Es como si el hecho de ser negocios privados no tuviese una responsabilidad y una aportación que hacer a los problemas que confronta el sistema. Están ahí, producen lo que les parece, lo facturan según el contrato pre establecido, pero hasta ahí llega su responsabilidad con el país. Nos parece que todos debemos mirarnos en este espejo de la electricidad como mercancía, para ver por anticipado el nivel cero de responsabilidad social que tendrán los operadores de nuestras plantas generatrices si permitimos que pasen a ser parte de consorcios privados como lo es hoy LUMA.

Nuestro pueblo, ante este afán privatizador que se impulsa desde la administración pública y las esferas mercantiles del país, tiene que hacerse una pregunta muy elemental, pero a la misma vez necesaria. ¿Cuál es la planificación que existe para el desarrollo social y económico de nuestro país?  En el contexto de ese plan de desarrollo es que tenemos que pensar y decidir todo lo concerniente al futuro de la AEE. A la pregunta que formulamos no tenemos una respuesta articulada por los administradores políticos de turno. La estrechez de miras de los que hoy dirigen los destinos del país lo ha reducido todo a ponerle un rótulo de Se Vende a los bienes patrimoniales del país y a desprenderse, mediante ficciones jurídicas como las APP, de aquellos activos que puedan enriquecer a los amigos del alma.

Ante esta carencia de una estrategia de desarrollo, ejemplificada por el comportamiento de la Junta Dictatorial que ha concentrado todas sus energías en buscar las mil maneras de enriquecer a los bonistas mediante sus draconianas medidas de austeridad y empobrecimiento, sin dedicar un minuto en proveer alternativas para el crecimiento económico del país, nuestra Autoridad de Energía Eléctrica se ha convertido en un simple peón en el ajedrez del mercado financiero. Vergüenza deben sentir los que así entregan el futuro de Puerto Rico. Detener este intento de privarnos de la industria fundamental para construir el mejor futuro que se merece en pueblo puertorriqueño es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

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