Columna del abogado Carlos Sagardía Abreu.

Durante las pasadas décadas, en muchas jurisdicciones del mundo, particularmente en Estados Unidos, las sociedades modernas han derribado los mitos que estigmatizaron la planta de cannabis y convirtieron la misma en una sustancia controlada prohibida cuya mera posesión podía representar la pérdida de la libertad de un ser humano.

Como consecuencia de dicho cambio drástico de visión de política pública, generado por esfuerzos de activistas y de la comunidad científica, hoy día resulta innegable que el cannabis tiene propiedades medicinales. Además, también resulta indiscutible que su uso controlado y adecuado es beneficioso para el bienestar y la calidad de vida de miles de personas, y su cultivo, desarrollo, manufactura y venta ha generado una industria económica que representa billones de dólares a nivel global.

En 2016, Puerto Rico adoptó una política pública de liberalización del cannabis para fines medicinales. Dicho cambio generó el nacimiento de una industria local, la cual incluye, entre otros, cultivos, manufactura, dispensarios, laboratorios, empresas de seguridad, abogados, y contables, que, a pesar de los retos significativos de dicho mercado, apostaron por la fórmula de desarrollo económico.

Entre los obstáculos que enfrenta la industria de cannabis medicinal se encuentran, (i) la falta de bancarización adecuada; (ii) los altos gastos energéticos; (iii) la desmedida aprobación de licencias de dispensarios sin un incremento en pacientes; (iv) la política pública reglamentaria punitiva que acarrea multas sustanciales por asuntos que deben ser susceptibles de corrección administrativa; y (v) la falta de una visión económica adecuada de parte del Estado que permita el crecimiento sostenible de la industria.

El crecimiento sostenible de la industria de cannabis medicinal no solo es responsabilidad de los empresarios que la componen, sino que también es una obligación que asumió el Estado cuando la engendró. La Ley 42-2017 que rige la industria de cannabis medicinal requiere que se realice un estudio económico sobre el estado de la industria con el fin de que se pueda determinar cuantas licencias de establecimientos de cannabis medicinal son necesarias y convenientes a la luz del número de pacientes existentes. Ello no ha ocurrido, por lo que la concesión de licencias a ciegas de esta información no propensa la sostenibilidad de la industria de cannabis medicinal.

El Estado tiene la obligación de garantizar que la concesión de licencias no tenga efectos adversos en el mercado existente y provoque la quiebra de cientos de empresarios. Por tanto, la política pública del Gobierno de Puerto Rico debe ser una dirigida a proteger el bienestar común de la industria y paralizar la concesión de licencias de dispensarios y cultivos hasta tanto y cuanto no existan proyecciones económicas concretas que puedan arrojar luz sobre el estado actual del mercado y la justificación para negocios adicionales.

Existen soluciones planteadas a este dilema complejo cuya pronta solución es apremiante para salvar miles de empleos que forman parte de esta industria local. Sin embargo, debe existir la voluntad necesaria de parte del Estado para garantizar que la industria de cannabis medicinal constituye una parte indispensable de nuestra economía presente y su crecimiento sostenible es una política pública gubernamental que se debe promulgar y proteger de manera afirmativa y concreta.

Al presente, existen medidas legislativas presentadas, incluyendo la aprobación del uso adulto controlado del cannabis para todos los mayores de edad, que pudieran proveer una solución a la disyuntiva que agrava a la industria y cuya consideración por parte del Ejecutivo debe otorgarle gran peso al hecho de que su apoyo representa un fomento del desarrollo económico local que tanto necesitamos.

En esta coyuntura, el Gobierno de Puerto Rico debe ser el mejor aliado de estos empresarios que apostaron por Puerto Rico y el garante principal de la sostenibilidad de la industria.