Editorial

Las razones para fiscalizar a la Oficina de Fiscales Federales

Editorial de NotiCel

Esta semana, la jefa interina de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, tomó excepción de una serie de reportajes que hemos hecho en NotiCel e, incluso, podría interpretarse que amenazó a este diario digital si no desiste de publicar sobre el tema.

Las expresiones nos dan una oportunidad de compartir con ustedes, nuestros lectores, parte del criterio editorial que aplicamos cuando decidimos qué historias trabajar y de qué forma.

En cualquiera de las 93 jurisdicciones en las que tienen oficinas (algunos estados tienen más de una) los jefes de las Fiscalías federales son el máximo representante de la autoridad del Presidente de los Estados Unidos, quien los designa, aunque también requieren el aval del Senado federal.

El poder de estos funcionarios es innegable. Incluye representar al Gobierno de los Estados Unidos en todo tipo de trámite legal y también ser la figura de autoridad que aglutina todas las otras agencias federales que puedan tener presencia en la jurisdicción.

Dos cosas resaltan de la declaración oficial sobre la misión de los fiscales federales (United States Attorney):

“Cada jefe de fiscales federales es el principal oficial federal de ley y orden de los Estados Unidos en su jurisdicción particular”.

“Cada jefe de fiscales federales ejerce amplia discreción en el uso de sus recursos para adelantar las prioridades locales de su jurisdicción y las necesidades de su comunidad”.

Así que en los jefes de Fiscalía federal se conjugan dos elementos con magnitud considerable: 1) todo el poder del Ejecutivo federal y 2) amplia libertad personal para usar los recursos del Gobierno federal como entiendan más apropiado.

Esto nos trae a la situación en Puerto Rico, donde el primer jefe de fiscalía federal fue Noah B. K. Pettingill, comisionado en 1900 y renombrado en 1904.

La jefa actual de la oficina, Rodríguez Vélez, ostenta el cargo desde 2007 (previo a eso fue la mano derecha del anterior jefe de fiscales, Guillermo Gil)  pero su nombramiento nunca ha sido aprobado por el Senado federal así que ejerce mediante un mecanismo en el que, si no hay actuación de los otros dos poderes constitucionales federales, los jueces federales del Distrito de Puerto Rico quedan facultados a extenderle un tipo de aprobación a la persona para que ocupe el cargo. Esto implica que las facultades antes descritas de los fiscales federales se ejercen en Puerto Rico por una funcionaria sobre la cual no ha caído el contrapeso de una evaluación pública y política del Senado federal.

Entonces, el cuadro de poder actual en Puerto Rico podría simplificarse de la siguiente manera: la jefa de fiscales federales es la representante máxima del Presidente de los Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal es la representante máxima del Congreso federal y el Gobernador es el representante máximo del Pueblo de Puerto Rico.

Con todos estos antecedentes, ¿hay alguna duda de por qué la Oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico merece por lo menos el mismo escrutinio público que se le da a los otros miembros de las clases políticas y gubernamentales?

En NotiCel consideramos que nuestra responsabilidad profesional es mantener en el ojo público a aquellas instituciones y personajes que ostentan poder en nuestra sociedad. Y a más poder, más atención hay que ponerle.

Es en ese contexto, y en ningún otro, es que se enmarcan nuestros reportajes sobre la jefatura de la Oficina de Fiscales Federales. En el caso de la jefatura de Rodríguez Vélez, en los últimos 18 meses hemos tratado dos temas particulares, además de los temas rutinarios.

El año pasado reseñamos varias decisiones de magistrados y jueces federales que criticaban el uso, por parte de la Fiscalía federal, de policías cuyos testimonios en casos criminales federales no eran veraces. Esto tuvo base, repetimos, en escritos de los mismos jueces, no en rumores o “inuendos” como lo llama la jefa interina de fiscales.

En semanas recientes, reseñamos una controversia que cayó en el récord público del tribunal porque la misma compañía fundada por el padre de Rodríguez Vélez lo provocó al radicar una demanda que trata sobre negocios públicos, a saber, la venta de armas a las agencias de ley y orden en Puerto Rico. La propia hermana de Rodríguez Vélez firmó y sometió una declaración jurada en ese caso en la que afirma que es la Presidenta de esa compañía y en otra declaración jurada se le imputa a ella haber vendido armas a sobreprecio a policías municipales.

Otra vez, se trata de reportajes que se fundan en documentos sometidos ante un tribunal y declaraciones juradas, no en rumores.

En nuestros reportajes sobre la Fiscalía federal, igual que en los demás que ofrecemos a nuestros lectores, descargamos nuestra responsabilidad de manera justa y precisa sin importar si eso provoca que perdamos entrevistas exclusivas o que nos quedemos fuera del club al que convenientemente se le sopla a quién está investigando la Fiscalía federal o a quién van a arrestar. En la lucha entre presentar los hechos reales o negociar accesos privilegiados, siempre optaremos por presentar al público la verdad como es.

“Me parece que es un inuendo bien, bien feo y esto tiene que parar”, fue la manera en que Rodríguez Vélez detuvo el cuestionamiento de NotiCel sobre la demanda de las armas esta semana en una conferencia de prensa.

Honorable Rodríguez Vélez, con todo el poder y discreción que usted tiene por virtud de su cargo, nos parece que usted le debe al público una respuesta sobre a qué se refiere con esa expresión de que “esto tiene que parar” y qué está dispuesta a hacer si no se cumple con su deseo de que “esto” pare. Su Oficina no debe estar sujeta, otra vez, a la interpretación de que usted usa su poder de acuerdo a favoritismos o antipatías personales.

Por nuestra parte, para eliminar cualquier espacio de duda, no vamos a parar de fiscalizar a la jefatura de la Oficina de Fiscales Federales en Puerto Rico.


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