El juicio contra el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Abel Nazario, inciará el 4 de febrero de 2019, según se estableció hoy, viernes, en el Tribunal Federal de Hato Rey.

Durante la vista, el juez federal Delgado advirtió que existe una orden de mordaza, por lo que el senador no puede hacer expresiones públicas sobre el caso. El recordatorio ocurre luego que se cuestionara las continuas declaraciones de Nazario en los medios de comunicación.

'Nuestros fiscales y los agentes federales están monitoreando sus expresiones en los medios y las redes sociales', advirtió el fiscal federal,Scott Anderson.

Por su parte, la abogada defensora María Domínguez aseguró que el senador Nazario ha cumplido con la orden de mordaza, pero que las entrevistas circuladas en medios de comunicación habían sido grabadas previo a que bajara la orden de mordaza. No obstante, Domínguez recordó que Nazario habló el día de su arresto, luego que la fiscalía federa, Rosa Emilia Rodríguez, realizara una conferencia de prensa en la que tambien habló extensamente del caso.

Domínguez insistió en que Nazario cumplirá con la orden de mordaza, pero entendiendo que las comparecencias y expresiones públicas son parte de su deber ministerial como funcionario electo.

'Él es Senador, es político, una figura pública, tiene un deber con sus constituyentes', explicó la abogada del senador.

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Nazario fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles) hace semanas luego de ser acusado por un posible fraude al Departamento del Trabajo federal durante su gestión como alcalde de Yauco. Según explicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez tras el arresto, una auditoría de la Contralora, Yesmín Valdivieso, encontró que Nazario obligó a unos empleados a trabajar dos horas de manera voluntaria. El caso fue referido al Departamento del Trabajo federal, el cual determinó que esa orden era una violación a la Ley federal de Trabajo Justo (Fair Labor Standards Act).

En febrero de 2015, el exalcalde firmó un acuerdo de cumplimiento en el cual el se comprometía con pagarle 588,961 dólares a 177 empleados por horas trabajadas y no pagadas en el periodo del primero de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014. Se le dio hasta febrero de 2018 al municipio para cumplir con los pagos. Una auditoría de seguimiento en agosto de 2016 encontró que a pesar de que se le había pagado a los empleados parte del dinero adeudado, unilateralmente el municipio les retenía el salario regular sin el conocimiento ni consentimiento del Departamento del Trabajo federal.

Según la investigación federal, aunque emitió los cheques, les dijo a los empleados que era dinero de su contrato por adelantado. El pago prospectivo permitió cumplir en papel con el acuerdo; pero se les restó a los empleados de pagos futuros por las labores a realizar.

Aunque durante la pasada vista de estado de conferencia la defensa y el ministerio público buscaban que el juicio iniciara en algún momento antes de culminar el 2018, no fue posible ya que la defensa se encuentra evaluando la evidencia del ministerio público y realiza su propia investigación sobre las alegaciones.

De igual forma, los procedimientos para la selección de los miembros del jurado para el juicio tomarían tiempo por ser un caso de alto perfil, explicó en sala Domínguez.

Por su parte, la fiscalía federal cuenta con 30 a 35 testigos para el juicio, según anticipó el fiscal Scott Anderson. Mientras, la defensa estimó que presentará sus testigos en una semana. Algunos de ellos testificarán en español.

Para agilizar los procedimientos, el juez Delgado solicitó a las partes que les sometiera las propuestas de instrucciones al jurado. La próxima vista de estado de conferencia será el 21 de noviembre.

Nazario continúa como legislador en el Senado de Puerto Rico. Pese a ser retirado de sus puestos en el PNP y de la Comisión de Educación que dirigía, no ha sido expulsado, ni se le ha solicitado su salida del partido.