La Administración Fortuño apostó a un gurú de la asesoría policial para frenar el empuje de la investigación federal por violación de derechos civiles en la Uniformada, pero los detalles de la contratación se mantienen en secreto en contra de las disposiciones de ley que obligan que todo contrato este registrado en la Oficina del Contralor y que no se hagan pagos con dinero público sin que exista un contrato.

La falta de detalles sobre la contratación de Robert Warshaw en Puerto Rico obliga a mirar otras jurisdicciones a las que ha dado servicio y en las que se reporta que sus tarifas rondan el millón de dólares anuales.

Esta contratación era una de dos alternativas que tenía la administración Fortuño para enfrentar la investigación de la Unidad de Litigios Especiales del Departamento de Justicia. La otra era una asociación, a la que Warshaw pertenece, que ofrecía los servicios bajo un modelo sin fines de lucro. Según se publicó en el Centro de Periodismo Investigativo, el superintendente José Figueroa Sancha mantuvo a La Fortaleza a oscuras sobre esta investigación hasta que el año pasado el fiscal federal Luis Saucedo le exigió cuentas a los asesores del Gobernador.

LaUnidad de Litigios Especiales tiene a la policía bajo amenaza de sindicatura por los repetidos incidentes de violación de derechos, la total ausencia de protocolos y la ineficiencia de su sistema disciplinario. Más recientemente, llamaron la atención a que los agentes estaban usando una versión de gas pimienta más tóxica de la que usualmente se usa.

El monitor de la Policía, licenciado Efraín Rivera Pérez, confirmó a NotiCel que Robert Warshaw está contratado como consultor, pero dijo desconocer los detalles de la contratación. La Fortaleza no ha contestado requerimientos al respecto.

Warshaw es un ex jefe policial de Rochester, Nueva York, así como ex miembro de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas. Asesora a ciudades bajo presión de Justicia federal, como Detroit y Oakland, pero también ha servido como consultor de la propia Justicia federal. Se ha manejado como socio de Police Performance Solutions y de Simeone Associates, pero sus socios en ambas entidades dijeron que su trabajo en la Isla no se realiza a través de esas entidades corporativas.

A Warshaw y la presión de Justicia federal se le atribuye la diferencia en la reacción que ha tenido la policía frente a manifestaciones masivas y la preparación, todavía en ciernes, de un protocolo de uso de fuerza para que por primera vez los agentes tengan una referencia central con guías de cómo reaccionar ante distintas situaciones. A este conjunto de circunstancias se atribuye también la salida de la mano derecha de Figueroa, el teniente coronel José Rosa Carrasquillo, quien pateó los genitales de un universitario que ya estaba detenido por agentes.