Fajardo – Cuando la fiscal Francelis Ortiz Pagán fue asesinada en lo que aparenta haber sido un intento de ‘carjacking’, a los investigadores del caso se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad con la posibilidad de severas sanciones si revelaban algún dato relevante a la prensa, incluso bajo la advertencia de que sus telefonos serían examinados.

Para el periodista de El Vocero, Miguel Rivera Puig, esta es una muestra del nivel ‘absurdo’ al que han llegado las restricciones al acceso a la información en casos policiacos de alto interés público en que se ‘dificulta al extremo’ el trabajo del reportero.

Un grupo de periodistas exigieron el jueves que se tomen medidas para fortalecer la transparencia y el acceso a la información como parte del proceso de reforma policiaca, el cual reanudó en la mañana del jueves sus vistas públicas en el Centro Judicial de Fajardo.

‘El no tener libre acceso a las querellas impide que los periodistas podamos investigar con libertad temas de interés de seguridad para la sociedad’, se refirió así al caso de la fiscal asesinada, que con una investigación más incisiva se pudo confirmar periodísticamente el patrón de robos en la zona donde vivía. ‘El agente que opera el sistema ‘tiburón’ (registro de querellas) se convierte en un filtro y nos quita la privacidad de nuestras investigaciones’, explicó.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Juan Hernández, también se manifestó en contra del filtro y la información mediada que el propio Rivera Puig describió como una ‘muralla’ levantada por asesores de comunicación y ayudantes en relaciones públicas.

‘La información que obtenemos [de las cuentas oficiales en Twitter de las agencias gubernamentales] es una que viene preseleccionada por los intereses particulares que tenga la agencia. Cómo enfrentamos eso? No dejando de hacer el trabajo que hacen los periodistas’, enunció.

Esa labor periodística, prosiguió el también periodista de Caribbean Business en un aparte con NotiCel, es necesaria para que más allá de la información sobre arrestos, querellas y denuncias, el público pueda reconocer el alcance de los incidentes criminales de la Isla.

Aun así, desde una óptica autocrítica, Hernández admitió que se necesita fortalecer también la cobertura de los asuntos criminales.

‘Por suerte o por desgracia el tratamiento que recibe la cobertura de lo criminal, es un tipo de cobertura fundamentado en la explotación del morbo, en el asunto estridente, en la política de choque, y lo vemos todos los días’, expresó el presidente del gremio periodístico.

‘La muerte violenta no deja de ser noticia, pero llevarla a un extremo en que la convertimos en espectáculo y lejos de ampliar esa cobertura en función de la espectacularidad que le estamos adjudicando, lo que hacemos es levantar la bandera de la desinformación, no estamos proveyendo la información más veraz porque estamos sustituyendo ese nivel de veracidad por un nuevo estrato que es el de la espectacularidad’, añadió el periodista.

Pero en cuanto a lo que la Uniformada puede hacer en su proceso de reforma, ambos periodistas criticaron el achicamiento de la oficina de prensa de la Policía, que ahora brilla por ‘cubículos vacíos, espacios sin ocupar’, según Hernández, y a la vez Rivera Puig denunció en su comparecencia la gestión del actual superintendente de la Policía, José Caldero López, por levantar esa muralla. ‘No hay transparencia’, dijo sin miramientos.

Sin embargo, Caldero contradijo esta postura en un aparte con NotiCel. ‘Nosotros siempre hemos trabajado con total transparencia. Si hay un superintendente que es accesible a la prensa, es este servidor. Puedes preguntar a qué periodista yo no he atendido o no le he contestado alguna llamada’, se defendió, añadiendo que su oficina de prensa es la única que labora de 4 de la mañana a 10 de la noche.

Bajo la premisa de que a mayor responsabilidad, mayor rendición de cuentas, el director de contenido de NotiCel y cofundador del Centro de Periodismo Investigativo, Oscar J. Serrano, compareció así ante la audiencia para reclamar la implantación de mecanismos más eficientes que permiten tanto a la prensa como al ciudadano común fiscalizar la labor de la Uniformada.

‘No podemos hablar de participación ciudadana eficaz si el Estado impone medidas restrictivas y de obstrucción a la información que se necesita para conocer su funcionamiento y fiscalizar su labor’, expuso Serrano.

Para crear ese sistema de transparencia en el terreno policial, el periodista investigativo incluyó como un posible mecanismo la aprobación de un Reglamento de Transparencia en los Procedimientos Administrativos de la Policía de Puerto Rico que haga más accesible los protocolos para querellas administrativas, las estadísticas sobre el uso de la fuerza, los delitos cometidos por agentes y la asignación de partidas del presupuesto de la Policía y la asignación anual de $20 millones para sufragar la propia reforma federal.

En el renglón de la rendición de cuentas que debe enfrentar una agencia cuya labor puede tener consecuencias letales para la ciudadanía, Serrano recomendó la creación de un sistema de sondeo para que la ciudadanía mida la calidad de los servicios, la rendición de un informe público semestral que evidencie el cumplimiento de las reformas, y la implantación de un registro público de cada agente con su información para evitar los efectos de agentes que no usan placas.

También, sugirió que se eliminara el cobro por la expedición de documentos necesarios para la defensa de una persona y que las transacciones judiciales no sean confidenciales, para que el público general pueda saber con certeza cuánto de su dinero va a resarcir a víctimas.

Debido a las violaciones que en su trayectoria histórica la Policía de Puerto Rico ha cometido contra los derechos civiles de la ciudadanía, fue que se inició un proceso de reforma policiaca, bajo la supervisión del monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Las constantes violaciones a derechos civiles y constitucionales de grupos minoritarios y la ciudadanía en general, el uso de fuerza excesiva sin sanción, la ausencia de procesos de transparencia y acceso a la información de forma oportuna, clara y accesible son algunos modos del comportamiento con los que el también licenciado Serrano caracterizó a la Policía en Puerto Rico.

Destacó además que en Puerto Rico existe un derecho constitucional al acceso a la información otorgado luego de los sucesos del Cerro Maravilla. ‘Y qué fue el caso del Cerro Maravilla sino un episodio terrible en que la Policía trato de encubrir un incidente?’, cuestionó.

También comparecieron la procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez, la directora del programa Escudo de Ceiba, Iniabel Álvarez, la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune, y el secretario de Justicia, César Miranda. En su alocución, la juezaasociada del Tribunal Supremo,Anabelle Rodríguez, elogió el proceso de vistas públicas como mecanismo de hacer más inclusivos los procesos.

‘Permite que el público venga a darnos sugerencias, las hemos estado apuntando’, aseguró Caldero. ‘Aquí pasaron unos sucesos -la violación de derechos civiles es lo que más se señaló-. [Desde que] comenzamos en el 2014, no hemos tenido ningún incidente que haya salido en la prensa de policías detrás macaneando gente ni dando cantazos’, dijo.

Según Caldero, ya se están implementando medidas en medio del proceso de reforma, poniendo énfasis en la capacitación total de los miembros de la Uniformada para que salgan ‘mejor preparadas, mejor capacitadas y mejor equipadas para ofrecer un mejor servicio’, dijo.