Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en ingles), las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones del lunes, 1 de mayo, fueron un atentado directo contra el derecho a la libre expresión de quienes asistieron a la vez que denunciaron que el uso de artefactos no letales violó la política de uso establecida en la Reforma Policiaca.

En ese sentido, el director del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, William Ramírez, afirmó que presentó sus señalamientos al representante del Departamento de Justicia Federal en la reforma, Luis Saucedo, y además estaría trayendo el asunto a colación durante una próxima vista ante el juez Gustavo Gelpí el 22 de mayo, cuando habrá una audiencia sobre la reforma. Añadió que radicó una querella ante Justicia federal y próximamente discutirán el asunto con el oficial de cumplimiento técnico de la Policía, Arnaldo Claudio.

En rueda de prensa en la sede de la ACLU, los representantes de la organización cívica coincidieron hubo falta de comunicación entre quienes toman las decisiones y los agentes de la Policía en el lugar, hubo uso excesivo de la fuerza contra personas que no cometían delitos, y los agentes allí constantemente fallaron en detener acciones de vandalismo.

Particularmente hicieron referencia a los primeros sucesos de violencia que se desataron en la calle Chardón frente al edificio del Banco Popular, donde encapuchados lanzaron piedras a los cristales de la estructura. ‘La Policía no intervino. Ellos fueron intervenidos por los estudiantes que los acorralaron porque decían que no eran estudiantes. Eran jóvenes, pero no eran estudiantes. Los estudiantes sabían esto y acorralan estos muchachos y los increpan. Había policías por todos lados, nadie los intervino, nadie los detuvo’ dijo Ramírez, quien insistió que en esos momentos lo acompañaba un agente de la Uniformada.

Ramírez indicó que tras ese suceso se movilizaron los agentes de la División de Operaciones Tácticas (conocido como fuerza de choque), quienes descendieron del área donde lanzaban piedras, pero se dirigieron hacia la avenida Muñoz Rivera en dirección a la tarima donde se presentaban grupos musicales que participaban de la manifestación. Los sucesos que transcurrieron después fueron resultado directo de las decisiones tomadas por el mando policiaco que estaba allí, afirmó Ramírez así como los observadores de la ACLU,Josué González, Diego Corral y Nora Vargas.

‘En la Muñoz Rivera, y yo estaba allí, se dieron unos eventos que trajo a la policía en fuerza a entrar a esta actividad. Pero eso fue en la Muñoz Rivera, entraron por la Ponce de León, donde está la tarima y miles de personas, entre ellas familias, personas de edad avanzada, trabajadores, trabajadoras, madres que estaban allí legítimamente ejerciendo su derecho a la expresión; y por ahí es que entran. La pregunta es por qué entraron por ahí y no por donde estaban cometiendo los delitos. La respuesta es bien fácil, es conveniente detener la actividad que se está dando, es la forma fácil, y además, el mensaje que quieren llevar no va a salir’, sentenció Ramírez.

En ese sentido cuestionó también la actitud del gobierno, criminalizandoa los manifestantes y resaltando los sucesos de vandalismo, pero asumieron una actitud impune contra los malhechores para en vez dispersar la muchedumbre que acudió con fines de apoyo a los reclamos esbozados en la manifestación.

‘El pueblo lo único que tiene es tirarse a las calles para expresarse. Es la única forma que tienen para hacer llegar su sentir de que el gobierno está siendo injusto, de que la Junta (de Control Fiscal) está siendo injusta, de que las familias de Puerto Rico se están separando… Y eso es un dolor que tienen muchas familias en Puerto Rico, y ese dolor hay que expresarlo. Esa es la única manera que tienen para expresarlo y eso no lo podemos criminalizar porque protestar y exigirle al gobierno es un derecho fundamental de todos los pueblos, no solamente en Estados Unidos’, insistió Ramírez.

Sobre el uso de gases lacrimógenos, el observador Josué González indicó que según dicta la política de la Reforma Policiaca tiene que haber una advertencia clara expresada a los manifestantes antes de lanzar el químico, lo que asegura no ocurrió. Por su parte, Nora Vargas relató que en una instancia tuvo que dialogar en dos ocasiones con un policía para que llamara asistencia médica para una ciudadana que se vio afectada por los gases lacrimógenos.

‘Como que hubo que explicarle la importancia de que están aquí, ellos vieron que están ahí para proteger la propiedad’, dijo Vargas, quien también contó que dentro la estación Roosevelt se restringió la libertad a cientos de personas que también resultaron afectados por los gases lanzados en esa área. ‘Habían cerca de 100 personas allí adentro y escuchábamos la gente gritando ‘ábrannos las rejas’ y los policías no estaban reaccionando. Ellos como que se apostan y están ahí en alineación y nadie se mueve’, expresó.