Un capitán de la Policía Municipal de San Juan enfrenta una querella de la Oficina de Ética Gubernamental por certificar hojas de asistencia con discrepancias de una subordinada.
La presunta conducta indebida de Ángel Hernández Collazo, que ya le ganó una “reprimenda enérgica” como resultado de una investigación administrativa, está recogida en dos infracciones de la Ley de Ética Gubernamental: utilizar deberes o facultades de un cargo para gestionarle beneficios a una persona privada y certificar como correcto un documento con declaraciones falsas.
Según la querella, con fecha del 12 de agosto, el querellado supervisaba a la agente Elizabeth Sierra Febres, destacada en el cuartel del Condado entre el 28 de mayo del 2021 y el 21 de febrero del 2022. Entre julio del 2021 y febrero del 2022, Hernández Collazo certificó la asistencia de la agente, a pesar de que documentos oficiales, en este caso las hojas de asistencia y el libro de entradas y salidas, reflejaban discrepancias evidentes sobre su jornada de trabajo.
Se reflejaron discrepancias de 16 minutos, una hora (cinco ocasiones), hora y media (una ocasión), entre otras irregularidades, como no registrar la hora de salida. Esto provocó que la agente cobrara que no reflejaba sus horas trabajadas, pero la OEG no precisa si la oficial fue acusada de algún delito.
El 25 de septiembre de 2023, el entonces comisionado Municipal, José Juan García, le presentó cargos con la intención de suspender de empleo a Hernández Collazo.
“Surge de dicha notificación que el querellado había firmado hojas de asistencia a la señora Elizabeth Sierra Febres autorizando el horario registrado por dicha expolicía Municipal, a pesar de que existían diferencias entre el Libro de Entradas y Salidas y las Hojas de Asistencia durante el año 2021 y el año 2022”, reza la querella, donde no se entra en detalles de por qué el oficial exhibiría la conducta imputada.
Con estas acciones, se le imputó al capitán faltas graves y la violación al Reglamento de a Policía Municipal. Finalmente se concluyó, a nivel municipal, que violó el Reglamento de la Policía Municipal y se recomendó una “amonestación enérgica”.
“El querellado utilizó los deberes y facultades de su puesto con el fin de que la señora Elizabeth Serra Febres cobrara la totalidad de su salario, aunque se encontraba fuera de servicio”, indicó la OEG.
La OEG propone, si se confirma la querella, que el oficial pague una multa, ya sea con un solo pago o con retenciones de su salario.
Hernández Collazo tiene derecho a reclamar una vista para que se dilucide la querella en sus méritos.
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