El programa de transición voluntaria creado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que facilita la movilización de empleados del sector público al privado, potenció las bajas sustanciales en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Este programa se originó mediante la Orden Ejecutiva 2018-13 bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y parte de la evaluación de solicitudes administrativas para reducir el gasto público a largo plazo sin recurrir a despidos.

'O sea, de un lado hubo muchos retiros por el programa de transición voluntaria y por otro hay problemas porque no hay suficientes. ¿Que van a hacer para remediarlo?', preguntó el profesor David Skeel, miembro de la Junta de Control Fiscal (JCF).

La entidad financiera cuestionó al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y sus componentes durante una audiencia pública sobre el proceso de implantación de reformas fiscales y estructurales en la agencia.

El profesor Skeel cuestionó que, por un lado, el DSP ha reiterado que carece de personal suficiente en la Policía para cumplir con las necesidades de seguridad de la Isla. Sin embargo, la administración ha dejado ir más de 400 empleados bajo esos programas de retiro.

'Había un problema, ya no existe ni existió en la fase dos ni en la fase tres [del programa]. Cómo podemos evitar eso, pues si la persona se quiere retirar, se puede retirar, si la persona quiere renunciar, puede renunciar, eso es depende de cada persona', respondió el secretario del DSP, Hector Pesquera.

De acuerdo al director ejecutivo de AAFAF --y representante del Gobernador ante la JCF--, Christian Sobrino Vega, la primera fase del programa de transición voluntaria, según diseñada, no proveía a los jefes de agencia denegar los pedidos de acogerse al programa.

'Respecto a por que si estamos diciendo que necesitamos más oficiales y se están dejando ir por transición voluntaria, es que eso es una ley y no podíamos excluirlos. En la segunda fase, la entidad nominadora señaló que no podían irse por la labor que ejercían. Se han ido de todas las áreas, se han ido policías, se han ido doctores y de todas las áreas', añadió Pesquera.

Al formar parte de este programa, inaugurado por Rosselló Nevares en noviembre de 2017, los empleados devengan su salario público por un período de seis meses antes de desligarse por completo del Gobierno.

La falta de policías ha sido una necesidad catalogada como apremiante por el propio Gobierno durante los pasados dos años, así como del asesor de cumplimiento tecnico (TCA por sus siglas en ingles) de la Reforma Policíaca, Arnaldo Claudio.

En su presentación ante la JCF, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, aseguró que en el año 2018 y lo que va de 2019 se han desafiliado 677 empleados por diversas razones, entre ellas el Programa de Transición.

De esa cifra, 653 eran uniformados, mientras 24 eran civiles. Escalera añadió que la segunda fase del programa tuvo el saldo de 118 uniformados y dos civiles.

Para remediar el problema autoinfligido, el DSP espera reclutar 500 cadetes de la Academia de la Policía que se dividirán entre 125 en el 2019 y 375 en el 2020. Skeel, por su parte, cuestionó la capacidad de cumplimiento con ese número al preguntar si era una proyección realista.

'El termino realista es un poco fuera de lugar porque yo no controlo lo que es realista o no', subrayó Pesquera.

El Gobierno de Puerto Rico abrió la convocatoria para matricularse en la Academia el pasado 21 de noviembre de 2018.