La cantidad de investigaciones realizadas por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) ha disminuido con relación a las áreas de derechos civiles y crimen organizado, reconoció el secretario del Departamento Justicia, Cesar Miranda, quien indicó que ‘la persecución del crimen ha cambiado de enfoque’ ante la propagación de las agencias federales.

Pese a que indicó que ha habido un sinnúmero de casos atendidos por la Comisión de Derechos Civiles del NIE, el Secretario admitió que ‘hay áreas donde pueden haber reducido la cantidad de investigaciones a cargo’ como consecuencia de la campaña de guerra contra la droga, iniciada en Estados Unidos en las décadas de 1970 a 1980. ‘Allí nació una serie de entidades que se fueron insertando en las jurisdicciones estatales’, recordó Miranda en referencia a la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente, se creó también el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y se firmó el Patriot Act, que concedió nuevas disposiciones para hacer frente al llamado terrorismo desde los aeropuertos internacionales.

A esos efectos, Miranda admitió que la propagación de agencias federales ha provocado que se haya federalizado la lucha contra el crimen, no solo en Puerto Rico, sino también en Centro y Sur América.

‘La persecución del crimen ha cambiado de enfoque, ha cambiado de énfasis’, contestó a preguntas de la prensa.

Esa reflexión es la que ha llevado al Departamento a trabajar en un proyecto de ley para transferir el área de investigación de crimen organizado a la Policía de Puerto Rico ‘porque es redundante con otros servicios que llevan a cabo otras entidades’, argumentó.

Desde esa agencia, también se constituye una nueva División de Derechos Civiles que podría estar adscrita a la Oficina del Secretario de Justicia.

El NIE dejará de existir si se aprueba el proyecto del Senado 1343 del senador Miguel Pereira, que propone la transferencia de todos los asuntos de su jurisdicción a la Policía de Puerto Rico, excepto la jurisdicción para investigar abuso de la autoridad a un miembro de la Uniformada o de la Policía Municipal, y para investigar aquellos casos en que así lo ordene el Gobernador de Puerto Rico. También tendrá a cargo la División para la Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.