La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico radicará el jueves una nueva demanda federal contra la Policía de Puerto Rico por supuestos abusos cometidos contra sus representados de la barriada Morales en Caguas.

Se trata de la primera demanda de violación de derechos civiles y constitucionales radicada por la ACLU contra la Policía de Puerto Rico desde haber transado en 2011 una demanda por un patrón y práctica de violaciones de derechos civiles de parte de la Policía de Puerto Rico contra la ciudadanía. La firma de un acuerdo para reformar la Policía justificó que tanto la ACLU como el Departamento de Justicia retiraran sus demandas.

Según expresó la ACLU en un parte de prensa, ‘desde la firma del acuerdo para reformar la Policía de Puerto Rico, la ACLU ha intentado reiteradamente la plena integración de los llamados ‘stakeholders’, entes y/o personas que representan las diversas comunidades históricamente agredidas, en el proceso de la reforma. Además, hemos por años abogado por la creación de un mecanismo civil independiente de monitoreo del desempeño policial. Ambos proyectos han recibido el rechazo, tanto de la Policía como del Senado de Puerto Rico’.

Se mencionó que en el caso de la Barriada Morales ‘apunta a que la corrupción y sentido de impunidad de ciertos oficiales de la policía es mucho más profundo de lo anticipado y requiere de especial atención por la ciudadanía. Los últimos cinco a seis acuerdos firmados por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos con diversos estados, han acordado la necesidad de crear y establecer un mecanismo civil independiente de monitoreo policial. Aún en estados donde ya está establecida alguna forma de monitoreo independiente, los acuerdos requieren otros mecanismos adicionales. El acuerdo de reforma firmado en Puerto Rico no incorporó dicha exigencia; aun cuando es de conocimiento común que Puerto Rico carece de todas formas de rendición de cuenta y carece además de garantías de acceso a la información pública’.

‘En el caso que ahora radicamos, nuestros clientes fueron víctimas de serias agresiones, amenazas y hostigamiento de parte de oficiales de la policía por haber intentado documentar serias violaciones de derechos contra un ciudadano aparentemente bajo arresto por oficiales de la división de drogas de Caguas. Nuestra cliente, Xiomara Rivera Cruz se encontraba en estado de embarazo’, reza el parte de prensa.

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