Pese a los cuestionados ascensos en las filas de la Policía de Puerto Rico, entre ellos uno que otro nombramiento político, el gobernador Alejandro García Padilla se opuso a cualquier intento de intromisión político partidista dentro de la Uniformada.

Así lo hizo en la tarde del miércoles ante el juez Gustavo Gelpí en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, donde se llevó a cabo una audiencia especial sobre la Reforma de la Policía.

‘En mi gobierno ni los traslados ni los ascensos son guiados por la política partidista y así va a continuar siendo. Hemos propuesto legislación que fortalece las prohibiciones contenidas en la Ley de Ética Gubernamental y los Códigos Penal y Electoral de utilizar el empleo y la propiedad del gobierno para promover intereses político-partidistas’, manifestó el Gobernador.

Pese a que reiteró que ‘los partidos políticos no deberían ser agencias de Gobierno’ reconoció que se han otorgado ascensos en el pasado por motivos políticos, aunque se apresuró a añadir que los beneficiados ‘han hecho su trabajo’.

Dentro de los señalamientos del monitor federal Arnaldo Claudio, figuraron los ascensos otorgados en febrero, por la rapidez con que se suscitaron las promociones entre rango y rango.

‘ Oímos cosas bien importantes. [El Gobernador] habló sobre la despolitización de la Policía de Puerto Rico, algo que hemos hablado en el pasado, y es importante darle esa visión a quien próximo sea Gobernador’, comentó Claudio a su salida del Tribunal.

De igual forma, el superintendente de la Policía, José Caldero, coincidió en que los miembros de la Uniformada no puedan participar de la política partidista, criterio que le aplica al cargo de Superintendente.

Otra de las áreas de énfasis fue la necesidad de reestructurar el proceso de capacitación y preparación de los agentes, razón por la cual se devolvió la Academia a la Policía, cuyo control hasta entonces recaía en el Colegio de Justicia Criminal.

Claudioenumeró los distintos logros de los primeros años de la Reforma – pautada a 10 años -, entre los cuales destacó las más de 40 políticas contra la discriminación, los 7000 miembros adiestrados en uso de fuerza, las 900 horas de instrucción que se requieren, y las herramientas que han otorgado al supervisor para velar ‘que el Policía en la calle haga lo correcto, y si no, lo atienda a través de un reentrenamiento’.

El Juez Gelpí se mostró satisfecho con la comparescencia del Gobernador, la cual tildó como ‘un pretexto histórico y significativo’ porque’establece un precedente novedoso para el Tribunal Federal’.

La reforma policiaca se encaminó luego de que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandara a la Policía de Puerto Rico por el uso desmedido de fuerza en huelgas universitarias y protestas frente al Capitolio, donde varias personas resultaron heridas, evidenciando un patrón de prácticas ilegales por parte de la Uniformada, marcada por el discrimen y las violaciones de derechos civiles.

Para recalcar su compromiso con transformar la Policía a través de la reforma, García Padilla resaltó que, pese a la crisis fiscal, no redujo el presupuesto de $20 millones asignados al cuerpo. También, elogió que se han cumplido todos los términos que exige el acuerdo sin pedir prórrogas, al contrario de otras jurisdicciones que atraviesan por procesos similares.

Ante los rumores de entre 150 a 200 nuevos arrestos en la Policía, el Superintendente Caldero se limitó a contestar que las investigaciones continúan ymantuvo su ‘compromiso de limpiar la casa’, para que aquellos que han violado la ley no queden con impunidad. El monitor federal Claudio decidió no emitir comentario al respecto.

En cuanto a la transición al próximo gobierno, el Superintendente fue enfático en que ‘la reforma vino para quedarse’ y que la administración que tome el control gubernamental del país en enero ‘tiene que seguir con la reforma porque es un compromiso con el pueblo’.