El mensaje que pretende llevar la presente administración para garantizar que Puerto Rico está abierto a la inversión es una de las razones para la cual proponen restituir y enmendar estatutos dentro el Código Penal dirigidos a tipificar como delito la obstrucción de obras de construcción, instituciones educativas, de salud y hasta un funcionario público.

‘Básicamente, lo que estamos enviando es un mensaje claro que Puerto Rico está abierto a la inversión y esto es parte de la política pública de nuestra administración’, explicó a NotiCel el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, en rueda de prensa.

Sin embargo, Rosario rechazó que estas medidas vayan dirigidas a desalentar el derecho a la protesta pública o en anticipo a manifestaciones en instituciones educativas, de salud o proyectos de construcción. En vez aseguró que el derecho a la libertad de expresión se garantizará a todo sector y se le respetará según dispone la constitución.

De paso, indicó que algunas de estas medidas tuvieron vigencia por décadas antes de ser eliminadas en la reforma al código penal que aprobó la pasada administración en el 2014.

‘Creo que es razonable pensar que todo el mundo tiene derecho a la manifestación. Eso no puede ser pretexto para uno impedir ilegalmente una obra que tiene un permiso, una institución educativa que tiene facultad en ley o de permiso para dar enseñanza, una institución que provee servicios de salud. Lo que estamos haciendo es un ordenamiento comprensible que era lo que teníamos en el 2012 y se eliminó en el 2014 sin un análisis profundo’, afirmó Rosario.

En cuanto la modalidad de protestas de padres en las escuelas, el Secretario dijo que tendrán el derecho a manifestarse, pero si interrumpen el flujo de labores en el plantel estarían violando la ley, tal como se propone con estos cambios. ‘Si un padre no ubica su manifestación de libertad de expresión dentro de los parámetros constitucional de Puerto Rico, que ha estado dentro nuestro ordenamiento por décadas, en efecto estaría cometiendo una acción ilegal’, sentenció.

Por los pasados años, la modalidad de padres y maestros protestando en las escuelas y paralizando labores se ha suscitado en aquellas aulas que el estado decide cerrar. En el 2015 el plan de cierre de escuelas que encaminó el Departamento de Educación (DE) fue recibido con fuertes protestas por parte de padres y maestros que defendieron la permanencia de algunas escuelas, y que en algunos casos resultó exitoso para algunos planteles.

La presentación de estas medidas, según Rosario, responde al plan de política pública y los compromisos de campaña que la administración buscará implementar durante los primeros 100 días. No obstante, la restitución de estatutos contenidos en el Código Penal en el 2012 no está plasmado en el documento de ruta de la presente administración, el Plan Para Puerto Rico.

Conductas que vuelven a ser delito

Las propuestas enmiendas al Código Penal relacionadas a ofensas que pueden surgir mediante protesta pública son:

Artículo 194 – Se enmienda para convertir el delito de escalamiento en una de modalidad grave.

Artículo 200 – Se restituye para penalizar como delito grave la obstrucción o paralización de obras de construcción con los permisos necesarios, incluyendo la entrada o el acceso y/o ocupar terrenos.

Artículo 230 – Se enmienda para ampliar el incendio de cualquier propiedad pública como delito. Al presente solo aplica a edificios.

Artículo 246 – Se enmienda para tipificar como delito demorar, estorbar u obstruir a un funcionario público como delito.

Artículo 247 – Reestablece como delito menos grave la obstrucción de acceso o de labores de instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios públicos.

Artículo 248 – Para enmendar disposiciones relacionadas al uso de máscaras en la comisión de un delito para incluir actividades ordinarias en instituciones educativas.