Según se desprende de informe de monitor federal

Los señalamientos del asesor de cumplimiento tecnico (TCA por sus siglas en ingles) de la Reforma Policíaca, Arnaldo Claudio, parecen caer en los oídos sordos de la Administración Rosselló Nevares respecto a la necesidad de priorizar la inversión en capital humano para la seguridad de Puerto Rico a la vez que nadie parece querer atender la crisis de gobernanza en el Negociado de la Policía (NPPR).

En su septimo informe bianual, que cubre el periodo entre el 10 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018, Claudio tambien expone su preocupación sobre los 310 oficiales que se graduaron en marzo de 2015 de la Academia, la única que se ha graduado bajo la Reforma. Los entrenamientos para intervenir en crisis comenzaron en abril luego de meses de retraso.

‘Hasta la fecha, mi evaluación es que el Negociado de la Policía de Puerto Rico no cumplirá con el cronograma original de creación de capacitación de cuatro años establecido en el Acuerdo de la Reforma y los Planes de Acción’, consigna Claudio en el informe que presentó al juez federal que atiende este caso, Gustavo Gelpí, a principios de año.

Pero este retraso no es culpa exclusiva de la activa temporada ciclónica de 2017. Tambien influyó la lucha de poder en las altas esferas de la Policía. El Negociado ‘está lejos de avanzar satisfactoriamente hacia la implementación del Acuerdo’ en cuanto a objetivos principales como la recopilación e informe de datos, los planes de acción y en áreas como: Profesionalización, Supervisión y Gestión, Quejas Administrativas, y Sistemas de Información y Tecnología.

La meta ulterior del Acuerdo es desarrollar e implementar un plan de dotación de personal orientado a la comunidad. ‘Para ser perfectamente claro, no habrá cumplimiento del Acuerdo sin un plan de personal real que sea coherente con los principios orientados a la comunidad y respalde el uso sistemático de alianzas y tecnicas de resolución de problemas’, advirtió Claudio.

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‘El mayor desafío para la Reforma y la implementación del Acuerdo y los Planes de Acción continúa siendo la crisis de liderazgo y gestión que afecta al NPPR y la falta de dirección en la implementación de la Ley 20 de 2017. Esta crisis ha creado una gran incertidumbre en cuanto a todos los rangos en le NPPR y la falta de confianza ha persistido despues de Irma y María. Los problemas asociados con las promociones, las transferencias de personal inexplicables, las prácticas de horas extras cuestionables y la falta de acciones contra oficiales con registros disciplinarios dudosos han alimentado la sensación de crisis’, denunció Claudio.

Más aún, el monitor federal apuntó que en el Plan de Acción se delinean claramente las responsabilidades del Comisionado de la Policía, pero expresiones públicas el director del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, sugieren que el es quien está al mando y no Henry Escalera. Además, el DSP incumplió con desarrollar un manual que aclarara la estructura operacional del Negociado y su cadena de mando.

Durante el periodo que cubre este septimo informe, la directora de la Oficina de la Reforma Policíaca, coronela Clementina Vega, fue removida de su posición a la vez que fue referida al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que responde al DSP. ‘Cuando este cambio ocurrió no fui notificado oficialmente ni se me notificó en los informes mensuales sometidos por el NPPR’, apuntó el TCA. Vega fue restituida a su puesto aunque fue mudada de oficina y al momento trabaja de la mano de las coronelas Alba Díaz y Jazmin Perez.

La principal conclusión en este aspecto es que siguen rezagando la tarea de implementar un sistema para investigar y abordar las reclamaciones administrativas, en particular las denuncias de igual protección y no discriminación.

De otro lado, Claudio tambien señaló a la pasada comisionada de la Policía, Michelle Hernández, cuando le dejó saber la intención de utilizar parte de los fondos otorgados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) tras el paso de María para pagar horas extra. ‘La pregunta es que le pasó a ese dinero… y quien le dijo al Comisionado que no podía gastar ese dinero que había recibido de FEMA para ese fin’, expuso el monitor federal.

Mientras, los registros mostraron que los agentes que brindan protección al Secretario del DSP están recibiendo importantes pagos de horas extras.

El Negociado debe mejorar inmediatamente sus procesos para investigar y revisar el uso de la fuerza, investigar la conducta indebida de oficiales, supervisar a oficiales propensos a problemas, administrar recursos de personal ‘e imponer disciplina si quieren tener credibilidad ante el público y sus empleados’, concluye el informe.