El Secretario de Seguridad Pública contradijo directamente dos datos que las partes en el caso de la Reforma de la Policía le presentaron a un juez federal.

El secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, contradijo dos datos que las partes en el caso de la Reforma de la Policía, incluyendo los abogados del Gobierno de Puerto Rico, le llevaron al juez federal Francisco Besosa, precisamente como argumentos para que designe a Torres Ríos como encargado único de hacer que la Policía esté en cumplimiento con la Reforma.

Las expresiones de Torres Ríos ocurrieron en una entrevista a fondo con NotiCel en la que dijo también que, de recibir esa encomienda por parte del tribunal, no sabe en cuánto tiempo podría llevar a la Policía a estar en cumplimiento con la Reforma. Además, reiteradamente ofreció como ejemplo de la importancia del DSP el que se pudieron hacer algunos rescates de personas durante la emergencia del huracán Fiona.

A casi dos años de ocupar el cargo, la falta de ejemplos, varios y concretos, de cómo el Departamento de Seguridad Pública (DSP) hace una diferencia en la seguridad del país resulta llamativa.

Como gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia había dicho que evaluaría el desempeño del DSP para posiblemente quitarle agencias que se pusieron bajo su control cuando fue creado en el 2017. El DSP agrupa las agencias, que ahora se llaman negociados, de la Policía, del Sistema de Emergencias 9-1-1, del Cuerpo de Bomberos, del Cuerpo de Emergencias Médicas, de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Negociado de Investigaciones Especiales (antes adscrito al Departamento de Justicia). Los jefes de esos negociados no desaparecieron con la creación del DSP, sino que ahora se llaman comisionados. El Instituto de Ciencias Forenses también estuvo bajo el DSP pero su directora, María Conte Miller, consiguió que la sacaran y le devolvieran su autonomía.

Pierluisi Urrutia dijo inicialmente que quería achicar el DSP y en la Legislatura hay decenas de proyectos relativos al DSP y a su posible reorganización, pero ninguno ha avanzado hasta convertirse en ley. Lo que ha avanzado es la transferencia al DSP de funciones que antes estaban en la Policía con la intención, completamente distinta a lo que dijo el Gobernador, de consolidar al DSP como un ente que agrupa a muchos componentes de seguridad.

Torres Ríos puso bajo su control a la academia de la Policía con la intención de que adiestre a personal de otros negociados también, y puso bajo su control a la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía, de la que salen las escoltas, con el propósito, según dijo, de que no solamente hagan la investigación a los candidatos a reclutamiento de la Policía, sino la de los candidatos a todos los negociados. En la academia, tiene la intención de nombrar a Javish Collazo, un designado jefe de Bomberos que fue rechazado por el Senado.

Cuando se le preguntó qué aporta el DSP, Torres Ríos afirmó que "aporta grandemente en el aspecto administrativo, donde cada comisionado se puede enfocar en las operaciones del día a día que tiene que llevar para servirle al pueblo de Puerto Rico... quitarle carga administrativa a cada negociado".

Al pedírsele ejemplos, el funcionario habló de dos. Uno fue atender los disturbios públicos que causaron algunos visitantes en la zona turística de San Juan, cuando todavía habían restricciones por la pandemia. Y el segundo, cómo el DSP pudo darle recursos a la Policía y a NMEAD para que realizaran rescates de adultos mayores y otras personas durante el huracán Fiona, el que calificó como "el momento más crítico de mi carrera".

En febrero pasado, Pierluisi Urrutia emitió una emitió la Orden Ejecutiva 22-12 que nombra a Torres Ríos como su representante en el proceso de Reforma y somete al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, a la dirección del secretario en ese tema. Ahora, el Comisionado Especial de la Reforma, Alex del Carmen, recomendó al juez que emita una orden en la misma línea de la orden de Pierluisi para que Torres Ríos se la única autoridad del gobierno de Puerto Rico encargada de llevar la Policía a cumplimiento. Todos los componentes del caso federal estuvieron de acuerdo con esa recomendación y el gobierno dijo que ya tenía el borrador de un plan de implantación para eso.

La recomendación de Del Carmen partió de su conclusión de que la Reforma estaba paralizada y su conclusión surgió de varios hallazgos. Entre ellos, que no había comunicación efectiva entre Torres Ríos y López Figueroa y que los comandantes de área no eran responsivos al proceso de Reforma y las solicitudes de la Oficina de Reforma de la Policía.

Pero Torres Ríos contradijo ambos hallazgos.

"Alexis Torres tiene comunicación diaria con Antonio López, con cada uno de los comisionados... la comunicación del Comisionado y del Secretario en todo momento está presente, hablamos aspectos de la Reforma, de operaciones, de necesidades... el Comisionado es de la completa confianza del Gobernador y este servidor (también)", contestó. Cuando se le preguntó si iba a comparecer ante el juez Francisco Besosa a decirle que lo que todos estaban de acuerdo era incorrecto, dijo lo explicaría "cuando el juez me mande a buscar". Pero ya el juez tomó por correcta la falta de comunicación y ordenó al gobierno presentar el borrador del plan que daría toda responsabilidad a Torres Ríos.

A preguntas de si prefería que los recursos y funciones de la Policía estén directamente bajo el DSP, en vez de en un negociado con su propio comisionado, Torres Ríos fue evasivo, pero también afirmó que "definitivamente, el DSP es la persona de enlace con el Gobernador de Puerto Rico y es el responsable de la seguridad pública de Puerto Rico".

Sobre los comandantes de área, dijo que tienen su confianza y rechazó los problemas que Del Carmen encontró con su cooperación con la Reforma. "El trabajo inmenso, la responsabilidad que tiene cada uno de esos comandantes de área va más allá de lo que puedan decir (sobre si responden a solicitudes de la Oficina de Reforma)... De que los comandantes de área estén fallando, eso sí que no... no estoy de acuerdo con eso", planteó.

Otra controversia que surgió en el caso fue que Torres Ríos primero recomendó, y luego retiró la recomendación sin explicaciones, que la Oficina del Inspector General se encargara de ciertas evaluaciones y auditoría sobre gastos que se habían identificado dentro de los $20 millones anuales asignados a la Oficina de Reforma. A esto, Torres Ríos dijo que su cambio de parecer era que quería que la empresa Ecoval LLC, que ya prestaba servicios a la Policía, se encargara de esa gestión ordenada por el tribunal. Luego, el gobierno se allanó a la designación que recomendó el Comisionado Especial.

Cuando se le preguntó por la Orden Ejecutiva 22-12, el secretario inicialmente preguntó cuál era esa. Luego, cayó en cuenta de que era la que le daba responsabilidad sobre la Reforma y aseguró que, desde la firma de esa orden, ha trabajado con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y con la Junta de Supervisión Fiscal para identificar recursos con los que llenar 111 posiciones y atender así la falta de personal, que es otro hallazgo de Del Carmen. Añadió que ha implantado planes sobre uso de la fuerza, reclutamiento y tecnología.

Adquirir más y más tecnología fue su ofrecimiento como plan para llevar a la Policía a cumplimiento bajo la Reforma porque esa es la directriz del Gobernador. "No vamos a tener 22,000 oficiales como en una época, ¿cómo vamos a operar más inteligentemente? Con tecnología", expuso.

Si el juez lo designa autoridad única sobre la Reforma, "lo primero que voy a hacer es sentarme con el Special Master (Comisionado Especial) y el Monitor". Al recordársele que ya el gobierno dijo al juez que tenía un borrador de plan de implantación, por lo que se supone ya haya propuestas específicas de cómo va a lograr el cumplimiento, Torres Ríos dijo que no las iba a divulgar por "deferencia" al tribunal.

Se supone que la Policía haya conseguido cumplimiento con la Reforma en 10 años, un periodo que se vence a fines de 2023. El informe más reciente del monitor dice que la Uniformada no está a nivel de cumplimiento en ninguno de los aspectos y el nivel de cumplimiento tiene que sostenerse por dos años para que se pueda considerar que realmente está en cumplimiento.

"No te puedo decir ahora mismo una fecha exacta", dijo cuando se le preguntó cuándo la Policía estaría en cumplimiento según su plan.

Vea:

A revisión de Pierluisi el DSP

Secretario de Seguridad y Comisionado de Policía no se hablan, paralizada la Reforma