A pesar de que NMEAD radicó querella.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que desautorizará cualquier acción legal contra los ciudadanos que entraron a un almacen que albergaba suministros no repartidos y que notificó a la Policía a no proceder con cualquier investigación relacionada a ese incidente.

‘Ningún puertorriqueño va a ser procesado por buscar una ayuda a la cual pudo haber tenido una necesidad’, sintetizó Vázquez Garced durante una rueda de prensa en la tarde del domingo desde la sede del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias (NMEAD).

Durante la tarde del sábado, el NMEAD radicó una querella luego que varios ciudadanos entraran a la fuerza a un almacen localizado en el sector La Guancha de la Ciudad Señorial. Respondiendo a una transmisión en directo por un ciudadano que maneja la cuenta de Facebook, El León Fiscalizador de Ponce, una multitud de refugiados llegó y se llevaron aquellos suministros que podían ser útiles.

‘El pueblo de Puerto Rico se indignó como nos indignamos mucho y me indigne yo. La Policía tiene una responsabilidad que la va a ejercer, pero mi petición en este caso es que aquí no se le va a radicar a nadie’, añadió la gobernadora.

Según indicó el querellante, identificado como Paul Fourquet, las personas forzaron el candado de las puertas de metal corredizas del almacen #1 y accedieron a su interior donde se encontraban un sinnúmero de cajas de agua expirada, artículos de primera necesidad, toldos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA por sus siglas en ingles) entre otros suministros.

La investigación suponía estar a cargo del Sargento Miguel Fonseca del Negociado de Investigaciones Especiales, mientras que el agente Gamalier Pedroza de la Unidad de Servicios Tecnicos, se hizo cargo de la recopilación de evidencia y toma de fotos del lugar.

El hallazgo le costó el cargo al comisionado de NMEAD, Carlos Acevedo, quien ayer en la tarde fue relevado de su cargo por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien al momento ha negado tener conocimiento de la existencia de ese almacen y ordenó al secretario de Estado, Elmer Román, y no a la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñonez, una investigación.