En su informe sobre la investigación, también pidió incluir a Segundo Rodríguez y Juan Salgado por cometer perjurio ante la Comisión de Salud.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó hoy domingo su informe sobre la investigación de la Comisión de Salud sobre las compra de pruebas del coronavirus COVID-19.

“El informe que publicamos hoy concluye y reitera aspectos que hemos denunciado por años como el del germen del inversionismo político que promueve, como hemos atestiguado en todas las vistas de las pruebas COVID-19, nombramientos de funcionarios sin la preparación o experiencia necesaria simplemente porque pertenecen al partido en el poder y con el único fin de perpetuar la politización del gobierno, adelantar agendas partidistas y personales, así como la devolución de favores económicos a los donantes de campañas”, expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.

Sobre los hallazgos de posibles violaciones contenidos en el informe de Márquez Lebrón, denominado “Informe de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en torno a la Resolución de la Cámara 1741”, el mismo concluye la posible comisión de delito por conspiración en el caso de los testimonios de Adil Rosa Rivera, Mariel Rivera Rivera, Mabel Cabeza y el doctor Segundo Rodríguez. Recomienda, además, que se añadan a los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado por cometer perjurio ante la Comisión de Salud y que todos sean referidos a las agencias investigativas pertinentes.

El informe del Portavoz del PIP en la Cámara concluye, además, “la ausencia intencional y negligente en sus funciones del pasado Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez y las omisiones y negligencias de la entonces Subsecretaria Dra. Concepción Quiñones de Longo”; la falta en su función ministerial de la Directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris E. Santos quien no veló por el cumplimiento responsable del proceso de compra o contrataciones de las agencias, no requirió informes ni estableció los controles necesarios y por último, el Administrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar J. Chávez Piñero, que “incumplió con la Ley de Compras y negligentemente ha ‘arrastrado los pies’ en la aprobación de un reglamento de compras”.

Márquez Lebrón también recomienda la reestructuración y reorganización del Departamento de Salud (DS) y la actualización de la Ley de Epidemias y la Ley Orgánica del DS.

“Con una Ley Orgánica renovada y actualiza y con un DS exento de politización, no sería necesario en caso de emergencia, nombrar a un grupo externo que provoque confusiones sobre a quién le toca cuál responsabilidad al momento de atender una emergencia de manera efectiva”, concluyó Márquez Lebrón.