Log In


Reset Password
SAN JUAN WEATHER
Política

Elección especial de Guaynabo será el 15 de enero

Según lo aprobó el Directorio del PNP.

Ángel Pérez Otero presentó su renuncia a la alcaldía de Guaynabo efectiva el próximo 16 de diciembre.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

La elección especial para llenar la vacante de alcalde Guaynabo se celebrará el sábado 15 de enero, según lo aprobó el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El escogido sustituirá a Ángel Pérez Otero, acusado por las autoridades federales de corrupción pública.

“Mi expectativa es que vamos a tener múltiples candidatos. Hay un calendario electoral para Guaynabo. La elección será el 15 de enero y a partir de ahora es que empiezan a correr los términos para los que quieran someterse al proceso”, dijo el presidente del PNP, Pedro Rafael Pierluisi Urutia al salir de la reunión del Directorio.

Según se explicó, el proceso para radicar las candidaturas comienza el viernes 17 de diciembre y culmina el 21 de diciembre.

La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo expresó que el gasto de la elección especial no debe pasar de los cinco mil dólares.

Para esta elección especial, no se utilizarán funcionarios de colegio del municipio de Guaynabo y se traerá personal de otras regiones para administrar el proceso.

Varias personas han manifestado su interés de aspirar a la poltrona municipal en Guaynabo, entre los que se destacan el senador y secretario general del PNP, Carmelo Ríos Santiago, el representante José ''Quiquito Meléndez Ortiz y Edward O'Neill, hijo del exalcalde Héctor O'Neill.

No del gobernador a elecciones abiertas para sustituir a alcaldes corruptos

Por otro lado, Pierluisi Urrutia dijo que no favorece que se enmiende la ley para permitir que, en caso de corrupción de un alcalde, se realice una elección general para escoger al sustituto.

La Ley vigente establece que el escaño pertenece al partido por el cual apareció en la papeleta y, por lo tanto, le corresponde a esa colectividad llevar a cabo el proceso para escoger al sustituto.

“Cuando un funcionario electo obtiene el escaño, ese escaño o puesto es del partido. Eso ha sido así y debe seguir siendo así”, dijo el gobernador al salir de la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, Joanne Rodríguez Veve, presentó un proyecto de ley que pretende que en caso de que la vacante del escaño de alcalde surja por causa de una acusación criminal grave o de corrupción, el partido perderá su potestad sobre dicho escaño. Además, según se propone, la elección especial a celebrarse para cubrir dicha vacante se deberá llevar a cabo de forma abierta, permitiendo la participación de candidatos de todos los partidos políticos y ciudadanos independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

De otra parte, el Directorio de PNP aprobó que se adoptará e impulsará como política pública la adopción del Proyecto de la Cámara 1113 presentado el 6 de diciembre del 2021 por representantes del Partido Nuevo Progresista y que propone enmendar el Código Municipal de Puerto para obligar el requisito de subasta pública en la otorgación de contratos para el establecimiento de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos y para los contratos de arrendamiento municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios para el manejo de desperdicios sólidos.

Se acordó además que se impulsará como política pública enmiendas al Código Municipal para requerir a los municipios y a la Asamblea Legislativa establecer medidas de transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación de servicios profesionales como se le requiere a la Rama Ejecutiva.

Finalmente, se adopta como política pública la rigurosa aplicación del Artículo 5.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para que el Gobierno de Puerto Rico exija en los tribunales la indemnización monetaria equivalente al triple daño económico ocasionado mediante conducta ilícita de corrupción, tras la convicción de cualquier funcionario público o privado.