El juez federal Francisco Augusto Besosa no accedió a la petición del convicto exsenador Jorge De Castro Font para que le rebajaran la sentencia impuesta por haber cooperado con las autoridades federales. No obstante, la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, aseguró en rueda de prensa que la información grabada por De Castro Font no será utilizada.

‘Siempre les digo que recuerden que el exsenador juró por su madre que él no había violado la ley. El hoy convicto no merece ninguna credibilidad y así se lo hicimos saber al Tribunal’, dijo Rodríguez a preguntas de la prensa.

Sin embargo, la credibilidad de De Castro no fue el asunto cuestionado, ya que al menos dos involucrados en las grabaciones, el también exsenador Carlos Díaz Sánchez y el desarrollador Roberto ‘Tito’ Cacho, admitieron haberse reunido con el hoy convicto. Incluso, este último aceptó que visitó a De Castro y que cooperó con el FBI para esclarecer el caso del asesinato de su socio Adam Angham, que culminó en la acusación de la viuda, Áurea Vázquez Rijos.

A pesar de que estas grabaciones produjeron pesquisas, Rodríguez no reveló si las cinco operaciones encubiertas producirán otras acusaciones en un futuro o si serán divulgadas.

En la moción radicada por De Castro Font, este alega que a raíz de las supuestas colaboraciones, la fiscal Jacqueline Novas le había hecho unas promesas sobre su tiempo en prisión que no se han cumplido.

‘El Departamento de Justicia (federal) ha demostrado mala fe contra De Castro Font después de su sustancial asistencia durante casi dos años que trabajó para ellos en varias investigaciones criminales. Ha tenido que buscar protección de la corte a fin de que pudiera recibir su crédito de cinco años por su asistencia. Ahora pasa lo mismo con sus créditos por su continua cooperación mientras ha estado en prisión y tras ser sentenciado el 17 de mayo de 2011’, dice parte de la moción del convicto.

La solicitud de De Castro se basa en jurisprudencia federal que establece que los acuerdos entre fiscales federales y testigos cooperadores tienen fuerza de ley y que los jueces federales pueden revisar las actuaciones de los fiscales para determinar si las mismas son irrazonables o tienen fundamentos inconstitucionales.

De Castro Font fue acusado por un Gran Jurado federal el 2 de octubre de 2008 por fraude, extorsión, soborno y lavado de dinero. Este se declaró culpable de 21 de los 32 cargos que le fueron sometidos.

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