Durante el segundo día de la vista administrativa que realiza la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, la defensa resaltó las querellas administrativas contra el sargento Luis Rodríguez Hernández, quien advirtió al exfuncionario que sería arrestado si no se alejaba del lugar donde el pasado diciembre intervino con su ‘amigo del alma’ y socio, Jaime Sifre, por conducir en estado de embriaguez.

La defensa presentó un documento de la Oficina de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional de la Policía, en la que resaltan las 10 querellas en contra del agente.

La primera de ellas la recibió dos años después de ingresar a la Uniformada en el 1996, en la que se imputó el mal uso o pérdida de su arma de reglamento. Por esta querella recibió una amonestación. Entre el 2006 al 2009 tuvo cuatro querellas que fueron archivadas que iban desde arresto ilegal, agresiones injustificadas, un accidente con un vehículo oficial, y por agresión física.

Al momento le quedan 5 querellas pendientes de resolución, una de ellas por conducta inmoral en hechos relacionados a un incidente con un ciudadano al que supuestamente le ordenó mover su vehículo o sino le daría una multa. Sin embargo, una vez la persona movió el vehículo, Rodríguez Hernández le expidió el boleto por hacer el movimiento del auto sin usar el cinturón de seguridad.

El Sargento admitió que durante la intervención con el ciudadano, le tiró la tarjeta electoral al piso después de que este le dijo ‘que si era bruto’, cuando le preguntó su fecha de nacimiento teniendo dicho documento en la mano. La defensa planteó que por estos hechos la Policía había emitido una resolución de suspensión de empleo y sueldo por 30 días desde hace unos meses, pero Rodríguez Hernández aseguró que no ha recibido notificación.

Asimismo, Rodríguez Hernández rechazó que a cambio de declarar en la vista de OEG estuviera negociando una inmunidad en el caso que se sigue contra el representante Rafael ‘June’ Rivera, por conducir en estado de embriaguez, y que se alega que el agente archivó. Trascendió en la vista, que aparte de la Policía, también el Departamento de Justicia y la Cámara de Representantes realizan una investigación sobre estos hechos.

Posterior al incidente con Rivera, Rodríguez Hernández fue ascendido al rango de sargento el 29 de febrero de 2012.

Más temprano, Sánchez Betances, indicó que estaba ‘desesperado’ de que el pueblo conozca su versión de los hechos cuando se siente a testificar en la vista que realiza la OEG en su contra. El exjefe de Justicia añadió que se ha contenido por meses de revelar lo que entiende es ‘la verdad’.

De otro lado, el exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera, participó como testigo pericial y expuso que, sin haber motivos, no procedía que los agentes de la Uniformada le hicieran advertencias a algún ciudadano de posibles arrestos.

De hecho, destacó que si es requerido por los ciudadanos, los agentes deben dar su nombre y número de placa inmediatamente que sea solicitado porque es un requerimiento rutinario y no hay por qué no darlo. Incluso indicó que la identificación de los policías siempre debe estar visibles para los ciudadanos. Si el policía se niega, Pesquera opinó que ‘tiene una connotación negativa’ para el ciudadano.

Para el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), no existe justificación de que un policía se niegue a dar sus datos a un ciudadano en el lugar de la intervención y que, en su defecto, diga que lo hará en el cuartel.

De otra parte, Pesquera señaló que estaba a discreción del policía permitir que una tercera persona se lleve el vehículo de una persona que arrestada por conducir en estado de embriaguez, del conductor del automóvil estar de acuerdo. Si dentro del vehículo se encuentra algo, entonces la Policía se lo lleva en grúa.

Asimismo, aceptó que no era extraño que cuando estaba de Superintendente recibiera llamadas en torno a situaciones con subalternos, en alusión a lo que ha reconocido el propio Sánchez Betances, de que en un momento dado preguntó si tendría que llamar al exsuperintendente, James Tuller, para obtener el número de placa y el nombre de Rodríguez Hernández.

En otros aspectos, Pesquera dijo que cuando asumió el cargo de superintendente se encontró que había problemas dentro de la Uniformada ya que miles de querellas administrativas contra los policías no se habían investigado o adjudicado.

Previo y durante la deposición de Pesquera, los representantes de OEG objetaron su testimonio por entender que no tenía conocimiento personal sobre los hechos de este caso, y que el licenciado Harold Vicente, defensa de Sánchez Betances, lleva una línea de preguntas sobre asuntos que le tocan adjudicar a la jueza administrativa, Lourdes Velázquez Cajigas.

Por su parte, Pesquera abundó que solo una vez compartió en una ‘reunión de almuerzo’ con Sánchez Betances, pero asegura que no es amigo de este ni de Sifre.

Mientras, en la continuación del interrogatorio de Rodríguez Hernández, este argumentó que tampoco en el cuartel le dio su nombre ni su número de placa a Sánchez Betances porque ‘él no me la pidió a mí’.

También, admitió que estando en el cuartel le preguntó a Sifre quién era ‘ese viejito’, en referencia a Sánchez Betances. Es ahí cuando se entera que era el Secretario de Justicia, acto seguido le manifestó a Sifre, ‘me jodí’. No obstante, rechazó que hubiera hecho la expresión porque hubiera hecho algo impropio o violara el Reglamento de la Policía.

El intercambio con Sifre no quedó constatado ni en la declaración que rindió en el OEG ni en el informe que redactó voluntariamente el pasado 7 de diciembre.

Entretanto, la noche del 6 de diciembre llegó al cuartel el inspector Jimmy Ortiz, quien entrevistó a Rodríguez Hernández sobre lo que había acontecido. El agente rebatió el informe que redactado por Ortiz sobre dicha entrevista, y sostuvo que este funcionario ‘falló’ en su responsabilidad.

Finalmente, esta tarde los representantes legales de la OEG sentaron a declarar al licenciado Sifre, a quien le cuestionaron la autenticidad de un comunicado de prensa que había emitido para defender las actuaciones de Sánchez Betances.

Anteriormente, la licenciada Xiomara Colón, quien fuera asesora general del exsuperintendente James Tuller, declaró sobre el informe que este último emitió a La Fortaleza y sobre un registro de las llamadas del celular del exfuncionario. Posteriormente, se recesaron los trabajos, y se espera que mañana la defensa entre de lleno en su contrainterrogatorio a Sifre.