La jueza administrativa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), y exjueza de tribunales, Lourdes Velázquez Cajigas, desestimó la querella que pesaba contra el exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, por su intervención con la Policía cuando su ‘amigo del alma’, el abogado Jaime Sifre Rodríguez, fue arrestado en estado de embriaguez el año pasado, un episodio que provocó la salida de Sánchez Betances del gabinete del gobernador Alejandro García Padilla.

En una resolución de 92 páginas con fecha del 14 de octubre, y conocida hoy, la jueza administrativa gira su argumento sobre la determinación de que las actuaciones en controversia no ocurrieron cuando Sánchez Betances descargaba los deberes de su puesto, sino que estaba en un escenario privado, por lo que no estaba actuando como funcionario público sujeto a la Ley de Ética Gubernamental.

Por tanto, las pruebas sobre lo que Sánchez Betances indicó a los policías y a sus superiores la noche en que Sifre fue arrestado por conducir en estado de embriaguez quedan a un lado bajo la óptica de la jueza Velázquez.

‘No hubo expresión de su parte (Sánchez Betances) que permitiera concluir que pretendió evitar que los agentes del orden público hicieran su trabajo o influenciar su criterio para que no se procesara al licenciado Sifre Rodríguez… La mera posibilidad de que el querellado por su puesto de jerarquía como Secretario de Justicia pudiera influenciar a los agentes, sin evidencia de haber ejercido la influencia, no constituye una infracción ética’, dijo la jueza administrativa.

Añadió que el hecho de que Sánchez Betances no se identificó como Secretario ni solicitó ‘mover la discreción del policía’ en el procesamiento de Sifre Rodríguez, que los policías no se sintieron intimidados y que el procesamiento del abogado estaba prácitcamente completado cuando el funcionario se presentó en el cuartel fueron determinantes en su razonamiento.

‘El licenciado Sánchez Betances, tanto en el restaurante, en el lugar de la intervención, como en el cuartel, estaba en una gestión esencialmente privada. El hecho de que vía ficción jurídica determinados funcionarios públicos continúan siendo ininterrumpidamente y permanentemente servidores públicos no implica que estén formulando política pública desempeñando su puesto y desplegando sus deberes o funciones ministeriales y administrativos o llevando a cabo sus encomiendas oficiales todos los días de la semana y a toda hora’, añadió.

‘Es nuestra conclusión que la OEG no cumplió con el quantum de prueba para establecer las faltas éticas mediante evidencia sustancial y suficiente’, finalizó.

De otro lado, uno de los abogados defensores de Sánchez Betances, manifestó a NotiCel que la decisión de OEG ,’era lo que decíamos, este es un caso que no debió llegar a ningún sitio. Sánchez Betances no hizo nada impropio. Lo único que me pone triste es que este país perdió un buen Secretario de Justicia’.

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