El Comite Fiestas de la Calle San Sebastián, entidad que demandó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto en el Tribunal Federal hace 12 meses, la acusó de favorecer, en el proceso de organización de las festividades, a contratistas afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) que contribuyeron a su campaña.

La alegación se hace en una enmienda a la demanda radicada el 16 de diciembre después de haber hecho un descubrimiento de prueba. El tribunal tiene que autorizar esa radicación, a lo que el municipio se opuso alegando que sólo contiene 'generalidades e insinuaciones', y que lo que debe proceder es que el tribunal resuelva las solicitudes de disposición final que el gobierno capitalino sometió y que todavía están pendientes.

El Comité alegó que la evidencia demuestra que el municipio permitió que Buena Vibra Group y que San Juan Family Entertainment firmaran contratos con el municipio sin haber entregado certificaciones requeridas por ley ya que sus dueños han hecho donativos políticos a la Alcaldesa.

'El descubrimiento de esta demanda reveló que los demandados favorecen a sus afiliados políticos a quienes se les paga cientos de miles de dólares en dinero de contribuyentes a pesar de no proveer sus planillas de contribución sobre ingresos durante su contratación' y pagar muy poco en el ingreso que generó en las fiestas, dice la demanda enmendada.

El Comité demandó a Cruz Soto tanto en su carácter personal como oficial, al municipio de San Juan y a una compañía de seguros tras alegar que la alcaldesa viola sus derechos constitucionales al ejercicio libre de su religión y al ejercicio de la libre expresión al supuestamente impedirle contratar espectáculos de música típica puertorriqueña.

A lo largo del trayecto judicial, el Comité Fiestas de la Calle San Sebastián alega ser el propietario de la marca 'Fiestas de la Calle San Sebastián' y reclama que el municipio no puede utilizarla sin su autorización. Sin embargo, en la demanda enmendada propuesta, renuncian al reclamo sobre las marcas 'Fiestas de la Calle' y 'Sanse'.

Alega, además, que la alcaldesa y el municipio violan sus derechos constitucionales al ejercicio libre de su religión y al ejercicio de la libre expresión al supuestamente impedirle preservar el carácter religioso de la festividad, cuyos orígenes datan desde 1970, o contratar espectáculos de música típica puertorriqueña.

'Los demandados han retribuido en contra del Comité en su ejercicio de libertad de expresión y rehúsan continuar una tradición de contratar con el municipio para el uso de la Plaza del Quinto Centenario y en favor de sus donantes políticos a pesar de que cobran en exceso y no proveen las certificaciones necesarias (para los contratos)', sostiene la demanda.

Para las fiestas de este año, el Comité ya denunció que la alcaldesa rehúsa negociar la oferta que hizo la organización de manejar solamente 27 quioscos a cambio de que se le deje proveer toda la oferta musical. Luego de haber enviado cartas al municipio desde abril, el municipio contestó en junio por medio de su oficina legal. La alcaldesa, según el Comité, informó que le daría un contrato a Ivonne Class de Buena Vibra Group para proveer entretenimiento en la Plaza del Quinto Centenario. San Juan Musical Entertainment, otra firma de Class, también tiene desde octubre un contrato por el cual recibirá $400 mil para proveer el entretenimiento musical.

En la demanda, el Comité hizo todo un recuento de los supuestos vejámenes que les ha hecho Cruz Soto desde que asumió el poder en el 2013 hasta el presente. Cuando se contrató a Buena Vibra Group en el 2013, se dijo que parte de sus ganancias por ventas en quioscos irían a un fondo para beneficiar al Parque Luis Muñoz Marín pero el municipio no ha querido darle al Comité la evidencia de eso, dando la impresión que Buena Vibra se quedó con todas sus ganancias a cambio de apoyo monetario a la alcaldesa. La firma recibió unos $86 mil por sus servicios. Sin embargo, para esa fecha, la alcaldesa le exigió al Comité mediante carta que le entregara al municipio todo el dinero que recibió por el uso de la marca de las Fiestas de la Calle San Sebastián debido a que la ciudad había gastado $1.3 millones en las fiestas.

Para las fiestas del 2014, el municipio contrató a Buena Vibra Group y le requirió obtener todos los permisos pertinentes antes de empezar a prestar sus servicios, pero los demandados se negaron a proporcionar evidencia de que Buena Vibra cumplió, dice la demanda. El municipio acordó pagar a Buena Vibra $134 mil e incluyó $10 mil más por patrocinios que pudiera obtener. Esas concesiones no se le hicieron al Comité, según se alega.

Los dueños de Buena Vibra Group, Jeff Fontánez e Ivonne Class, admitieron haber dado donativos a Cruz Soto pero la demanda no dice cuánto dinero donaron. La firma recibió $176 mil por su labor mediante un contrato que se firmó pese a que Buena Vibra Group no habían sometido todas las certificaciones necesarias, incluyendo sus planillas de contribución sobre ingresos.

Samuel Concepción, de Innovative Strategic, testificó que contrató con el municipio sin haber sometido la certificación del Fondo del Seguro del Estado, mientras que al Comité se le exigieron todas sus certificaciones. El municipio también le pagó a San Juan Family Entertainment, otra compañía de Class, $296 mil para presentar eventos musicales pese a que el municipio tuvo que poner luces y tarimas. En contraste, el Comité alega que esa labor se podía hacer por mucho menos ya que ellos han pagado artistas, puesto baños portátiles y una tarima en la Plaza del Quinto Centenario por unos $85 mil.

De otra parte, a San Juan Family Entertainment se le imputa violentar el paradigma de las Fiestas de proteger la cultura de Puerto Rico al contratar al merenguero dominicano Johnny Ventura para cerrar las fiestas. A Ventura se le pagó $23 mil, el doble de lo que se le pagó a artistas puertorriqueños, alega la demanda.

El Comité solicita al Tribunal un interdicto que dé marcha atrás a la decisión del municipio de impedir al Comité la 'oportunidad de presentar actividades culturales de Puerto Rico, incluyendo la danza, la plena y la bomba en la Plaza del Quinto Centenario'.

Otro interdicto es solicitado para evitar que el municipio utilice las marcas 'Fiestas de la Calle San Sebastián'. Los demandantes también solicitan, por otro lado, el pago de $500,000 en daños por comentarios que atribuyen a la alcaldesa de que los miembros del comité 'reciben dinero por debajo de la mesa', que es una 'finca privada' y que utilizan las Fiestas como su 'ATH privada'.

Otros $500,000 son reclamados por la supuesta interferencia del municipio con los contratos de auspiciadores que mantenían o negociaban con el Comité y una cifra similar por la alegada interferencia de la alcaldesa y el municipio con el derecho del Comité al libre ejercicio de su religión.

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