Antonio García Padilla, hermano del gobernador Alejandro García Padilla, recibió actualizaciones del caso Sánchez Valle que el Departamento de Justicia lleva ante el Tribunal Supremo federal directamente del abogado pagado por el Estado, Christopher Landau.

La confirmación de esta comunicación, y la posición del hermano mayor del Gobernador como director ejecutivo de una organización privada cuyos miembros tienen contratos o beneficios del Gobierno, sigue levantando interrogantes sobre el beneficio personal y comercial que el hermano del Gobernador, y sus asociados, derivan del acceso directo que Antonio tiene sobre su hermano Alejandro.

Ni el mayor de los García Padilla ni el presidente de Popular Inc., y presidente de la Junta de Directores de la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Rico (SEAPPR), Richard Carrión, han estado disponibles para contestar preguntas sobre los trabajos de García Padilla como director ejecutivo de la Sociedad. En vez, han dicho mediante comunicado que ‘cualquier comentario indicando que estamos favoreciendo económicamente a un partido o persona es totalmente falso’.

En el caso de la comunicación relativa al caso Sánchez Valle, el cliente es el Estado, por lo que las comunicaciones de Landau al Secretario de Justicia, a la Procuradora General y a sus subalternos están claramente justificadas, pero no necesariamente las comunicaciones al hermano del Gobernador y a otras personas como a Nelsa López, esposa del exgobernador Rafael Hernández Colón, y al hijo de éste, José Alfredo Hernández Mayoral. En el correo electrónico, Landau se dirige al grupo como ‘equipo’.

A preguntas de NotiCel, el secretario César Miranda dijo que el hermano del Gobernador y las demás personas fueron consultadas por ‘la vertiente histórica muy importante que tiene el caso’.

En particular sobre el hermano del Gobernador, Miranda dijo que ‘[e]s de todos conocido la formación académica y sobre todo su innegable capacidad intelectual en temas constitucionales y sobre los debates acerca del nacimiento y evolución del ELA que se han desarrollado en el país’. Añadió que Antonio García Padilla, también exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ayudó a localizar documentos históricos usados en el caso. Además de decano, García Padilla fue oficial jurídico en 1981 de Stephen Breyer, uno de los jueces que actualmente compone el Supremo federal. Breyer invitó a García Padilla a la juramentación de la también jueza del Supremo federal, la puertorriqueña Sonia Sotomayor.

Especificó que las consultas fueron ‘libre de costo’ y que, como parte de la preparación para el caso, también se llevaron a cabo simulacros (‘moot courts’) en las facultades de derecho de Harvard y George Town, así como ante la National Association of Attorneys General (NAAG).

Email de Christopher Landau al _equipo_ de litigación de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle – NotiCel_17374