En un comunicado de prensa poco común, el nuevo alcalde de Toa Baja, sucesor de Aníbal Vega Borges, sostuvo que se aumentó el sueldo porque así se lo requiere la ley y no quiere tener un señalamiento de la Oficina de la Contralora al respecto.

El alcalde, y exadministrador de la ciudad, Jorge L. Ortiz Matías, ostentará el cargo sólo hasta enero de 2017 cuando entraría alguno de los candidatos en contienda tras la derrota de Vega Borges en primarias.

En la comunicación, Ortiz Matías no aclara cuál será su sueldo, pero el comentarista Jay Fonseca había denunciado el martes en la tarde que había una resolución pendiente en la Asamblea Municipal para aumentar el sueldo a $8,000.

Lo que sí hace el alcalde en la comunicación es hacer un extraño argumento de que el aumento de sueldo es para obedecer las leyes y reglamentos aplicables y que, si no lo hace, la Oficina de la Contralora le podría hacer un señalamiento al municipio.

‘Es cierto que el sueldo devengado por el anterior alcalde Aníbal Vega Borges era menor al que dicta la Ley número 69 del 2014, esto obedeciendo a lo establecido en una Ordenanza Municipal aprobada a tales fines. No obstante, todos debemos reconocer que una Ley estatal va por encima de cualquier Ordenanza Municipal, así las cosas la Honorable Legislatura Municipal esta buscando atemperar el sueldo base de conformidad con dicha Ley’, expresó.

Añade que ‘seguirá las leyes’ y que ‘de no adjudicar el sueldo correspondiente por ley, el Municipio de Toa Baja podría recibir algún señalamiento de la Oficina del Contralor por estar pagando por debajo del sueldo dispuesto por ley y este pudiera responder legalmente por otorgar una compensación por debajo de lo establecido’.

‘[E]s preciso señalar que este NO es un caso en el que se considera un ‘aumento de sueldo», concluyó. Para enfatizar su predicamente, el Alcalde penepé reitera que la ley de los salarios fue aprobada por la actual administración, popular, y que la delegación penepé hasta le votó en contra y todo.

Sin embargo, una lectura de la Ley y el Reglamento para Evaluación, Determinación y Adjudicación del Sueldo a los Alcaldes de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) al que el Alcalde alude en su comunicado demuestra que lo que establecen es un máximo de compensación, no un mínimo, por lo que los alcaldes que ganan menos de lo establecido no están obligados por ley a subirse el sueldo.

De hecho, al mirar los requisitos que se tienen que cumplir para conceder un aumento, resaltan dos con los que Ortiz Matías tendría problemas. Primero, el municipio no debe operar con déficits, lo que no es el caso con Toa Baja. Además, se supone que el sueldo corresponda al criterio de población, pero el Censo establece que Toa Baja ha estado perdiendo población paulatinamente, y no aumentando.

La Ley 69 establece una escala de salarios de entre $4,500 a $9,500 mensuales partiendo desde el dato base de la población del municipio. La escala no entra en vigor hasta enero de 2017 pero, si hubiera un nuevo incumbente antes, el salario no puede ser mayor al de la escala. La Ley no obliga a que en ese caso aplique la escala, sólo que, de haber aumento, no puede ser mayor al de la escala.