En vista de las elecciones generales de noviembre, el gobierno de Estados Unidos se apresuró a emitir una ‘orden de transición’ para mitigar y prevenir cualquier intento de la nueva administración que obstaculice el proceso de reforma policiaca y desaliente los esfuerzos que hasta el momento se han hecho por implementar cambios en pro de los derechos civiles dentro de la Uniformada.

Para velar por la continuidad en los procesos, la orden propone impedir un alto volumen de rotación de personal, lo que al exigir un período de capacitación y reorganización, podría retroceder los esfuerzos hechos hasta el presente.

‘La probabilidad de interrupciones y rotaciones está agudizada por la decisión del Gobernador de no buscar la reelección’, establece el documento.

En su apariciónante el Tribunal federal el miércoles, el actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, fue enfático en que el proceso de la reforma policiaca debe proseguir cuando el acabe su incumbencia, sin importar el partido o candidato que tome las riendas de la Fortaleza.

‘Esto no se trata de un proyecto de administración, ni de la corte ni de una agencia, es un proyecto de país’, sostuvo García Padilla.

A preguntas del juez federal Gustavo Gelpí, quien se mostró complacido con el precedente histórico que trazó el Gobernador al sentarse ante la corte federal a testificar, García Padilla le advirtió a su sucesor que tiene que continuar con el proceso de la reforma, a pesar de la presión que pueda recibir, y que no puede ceder bastión a la política partidista.

Durante este primer período de capacitación, que comenzó el 6 de junio del 2014, el cual pretende construir una base sólida para la reforma, se han trazado once planes de acción para construir nuevos sistemas de rendición de cuentas, aumentar la transparencia, profesionalizar al personal de la Policía, modernizar la infraestructura, y expandir el compromiso y la participación con la comunidad.

El monitor federal Arnaldo Claudio, quien lidera el grupo de trabajo de la reforma, se mostró satisfecho con los logros que se han obtenido, ‘logros que no se han dado en ningún otro sitio de Estados Unidos’. Entre ellos, 40 nuevas políticas que se han generado contra la discriminación y el uso de fuerza, los más de 7000 miembros adiestrados, la formalización educativa de la Policía, entre otros.

Debido a que los primeros cuatro años están dedicados a ese proceso de capacitación, – implementar reformassosteniblesrequiere planificación estratégica, colaboración constante y un desarrollo continuo de programas y evaluaciones, más inversión en capital humano y monetario – es que la orden busca evitar que se cambie drásticamente el panorama con el cambio de Gobierno y la terminación de contratos.

Para que la orden no quede en letra muerta, el Gobierno local deberá entregarle a la corte y al gobierno federal una lista de las personas críticas en el proceso de reforma policiaca, y deberá notificar los pasos que ha tomado para prevenir que abandonen la reforma a la mitad, como dejar sin efecto la terminación automática de los contratos.

También, con la crisis fiscal como telón de fondo, el Gobierno debe asegurar que la cantidad de fondos necesarios para proseguir con el proceso de reforma estarán debidamente asignados, y no se quedarán vacantes puestos clave para el desarrollo de la misma.

‘Específicamente, la terminación abrupta o la transferencia de personal crítico responsable de desarrollar políticas apropiadas y entregar entrenamiento de calidad podría perjudicar el progreso continuo y privaría a los agentes de la guía y el apoyo que necesitan para llevar a cabo sus deberes de una manera efectiva y constitucional’, lee el documento.

Como resultado, prosigue, los residentes de Puerto Rico podrían seguir vulnerables ante el uso excesivo de fuerza, los cateos irrazonables y la discriminación ilegalejercida por agentes de la Policía.

Y es que, en efecto, el proceso de reforma policiaca arrancó luego de que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), demandara a la Policía de Puerto Rico por el uso desmedido de fuerza en las huelgas universitarias del 2010 y el 2011 y en las protestas frente al Capitolio, que dejó heridos a manifestantes y develó un patrón de abuso de poder por parte de los miembros de la Uniformada.

‘La reforma vino para quedarse, la administración que venga en enero tiene que seguir con la reforma porque eso es un compromiso con el pueblo de Puerto Rico’, dejó claro el superintendente José Caldero el miércoles a su salida del Tribunal federal.