La candidata a Comisionada Residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, presentó parte de sus propuestas a favor de las familias más desventajadas con miras a disminuir la brecha de la desigualdad social existente en Puerto Rico.

‘Mi plan para Washington es sencillo, voy a exigir igualdad en todos los programas que como ciudadanos americanos tenemos derecho. Eso incluye los programas de bienestar social, específicamente aquellos dirigidos a incentivar el trabajo. Puerto Rico necesita y se merece trato igual’, enfatizó González Colón en una conferencia de prensa.

Indicó que Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos con el porcentaje de pobreza más alto, o sea, un 45 por ciento de la población general. Esta cifra es el doble del porcentaje de pobreza más alto entre los 50 estados para el año 2014, que corresponde a Mississippi, con un 21.5 por ciento.

‘Estos números resultan más alarmantes cuando tenemos que decir que el 56.9 por ciento de nuestros niños y jóvenes viven en niveles de pobreza. De igual manera, conforme los datos del Negociado del Censo, somos la jurisdicción con el ingreso medio familiar más bajo, que asciende a 19,518 dólares, que comparan con los 39,680 dólares del estado de Mississippi y los 53,657 dólares a nivel nacional’, señaló la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes.

Para incentivar el empleo en la ciudadanía y aumentar sus ingresos mediante la concesión de estos créditos contributivos, lo que redundará en la disminución de los índices de pobreza y un impulso a la maltrecha economía de Puerto Rico, la también vicepresidenta del PNP propone igualdad en programas como el Earned Income Tax Credit (EITC), concebido como un mecanismo para incentivar el empleo y desalentar la dependencia en el estado,proveyendo un alivio a las familias con ingresos bajos o moderados.

Detalló que el crédito máximo que puede recibir un beneficiario es de 3,359 dólares para contribuyentes o familias con un solo hijo, 5,548 dólares cuando se trataba de dos hijos y hasta 6,242 dólares si tenían tres hijos o más. La aplicación del EITC a Puerto Rico representaría 487 millones de dólares directos.

Por otro lado, González mencionó el Child Tax Credit (CTC) que actúa en conjunto con el EITC y que persigue ayudar a los trabajadores a compensar el gasto incurrido en la crianza de sus hijos. Explicó que para que los trabajadores puedan beneficiarse del CTC, sus hijos deben tener menos de 17 años al cierre del año contributivo. Además, debe tener ingresos de al menos 3,000 dólares anuales. Cumpliendo con esto, los ciudadanos de los 50 estados y el Distrito de Columbia pueden reducir su responsabilidad contributiva hasta la suma de 1,000 dólares por cada hijo. Si el crédito es mayor a la responsabilidad contributiva, se puede solicitar –si cualifica- el reembolso bajo el llamado Additional Child Tax Credit (ACTC). Con el Child Tax Credit Puerto Rico recibiría 85 millones de dólares adicionales.

De otra parte, González habló del programa Moving to Work (MTW) que permite que se concedan excepciones a las disposiciones de la Ley de Vivienda de 1937 para conceder mayor libertad a las agencias de vivienda pública -conocidas por sus siglas en inglés como PHAs- en cuanto a la administración de fondos federales para operar proyectos de vivienda pública así como los vales para el pago de vivienda.

Además, indicó que el programa permite a los jefes de familia ingresar a la fuerza laboral, convirtiéndose en personas económicamente autosuficientes, sin enfrentarse al riesgo de perder repentinamente la asistencia para vivienda. Se maximizará la utilización del beneficio auscultando la probabilidad de pasar al tercer sector la administración de dichos programas.

Finalmente, la candidata a la comisaría residente mencionó el programa Supplemental Security Income (SSI) que fue establecido con el propósito de encontrar una mejor solución al sistema de subvenciones otorgadas a los estados para proveer asistencia económica a personas que no cualificaban para el Seguro Social o cuyos beneficios no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas.

Precisó que el nuevo subsidio, administrado directamente por el Gobierno Federal, provee asistencia económica a las personas con escasos recursos (de un individuo deben estar valorizados en menos de 2,000 dólares y los de una pareja en menos de 3,000) de 65 años o más, así como personas no videntes o discapacitados. En Puerto Rico se beneficiarían 354,000 personas con un beneficio de 674 dólares por individuo o 1,011 dólares por pareja.

González expuso que si aplicara el SSI a Puerto Rico, según el informe de la GAO, se estarían recibiendo entre 1,500 millones de dólares y 1,800 millones de dólares. En otras palabras, el territorio recibiría 54 veces más de lo que actualmente recibe bajo el Aid to the Aged, Blind and Disabled Program (AABD), que es lo que aplica a la Isla para beneficiar a esta población, tan solo 35,000 individuos reciben ayuda.