La Junta de Contralores Electorales refirió al secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda Rodríguez, 19 aspirantes y un comite municipal que pueden haber incurrido en el delito de no radicar informes, según dispone el Artículo 13.004 de la Ley 222-2011, que reglamenta el financiamiento de las campañas políticas.

A su vez, aguardan por respuesta del comité del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, sobre las querellas de donativos anónimos en efectivo. Además, la candidata independiente a la silla de la Fortaleza, Alexandra Lúgaro, se acogió a un plan de pago para las multas acumuladas de $5,000 por no rendir informes a tiempo.

‘Los aspirantes, candidatos y comités municipales tienen la obligación en ley de presentar oportunamente los informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE). El incumplir con este requisito, además de exponerlos a multas administrativas y la radicación de cargos criminales, obstaculiza la función fiscalizadora de la oficina y evita que los informes estén disponibles para la inspección de la prensa y el público en general, lo que impide la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas’, detalló el contralor electoral, Manuel A. Torres Nieves.

La lista incluye aspirantes a puestos electivos de las pasadas primarias y el comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Río Grande, presidido por alcalde incumbente, David Acosta Rodríguez. Los mencionados recibieron ingresos e hicieron gastos que no reportaron. Torres Nieves especificó que a pesar de que tuvieron múltiples oportunidades, en que se les requirió la información y recibieron multas administrativas, no radicaron los informes.

‘Las personas que referimos hoy incurrieron en conducta contumaz y obstinada de incumplimiento, lo que ocasiona que puedan haber incurrido en delito menos grave además de estar sujetos a multas administrativas por la OCE’, detalló el Contralor electoral.

De las multas reportadas por la OCE, 15 pertenecen a candidatos del PNP, cinco al PPD y una a un aspirante independiente a la Cámara de Representantes. Entre las penalidades a los aspirantes de la Palma, la más alta fue de $2,500 mientras para la Pava fue de $1,000.

Los aspirantes, candidatos y funcionarios electos conocen que a través de sus comités de campaña tienen el deber de llevar una contabilidad completa y detallada de los donativos recibidos y gastos incurridos a través de la radicación de informes periódicos. Mañana viernes, 14 de octubre, es el último día para la radicación de informes trimestrales y mensuales de candidatos a gobernación y partidos.