La activista de derechos humanos y candidata al Senado por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Amárilis Pagán Jimenez, defendió los derechos sexuales y reproductivos como parte indivisible de los derechos humanos. Como tal, según la legisladora, toda mujer tiene derecho a decidir sobre la terminación de su embarazo (aborto) y, del mismo modo, el gobierno debe proporcionar a toda persona trans la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales y, al mismo tiempo, reconocer oficialmente su verdadera identidad de genero.

Estas y otras defensas de derechos fueron emitidas por Pagán durante el Foro sobre Derechos Sexuales celebrado en la Universidad de Puerto Rico, en donde criticó abiertamente las brechas económicas y educativas que afectan a los derechos sexuales básicos de los puertorriqueños y puertorriqueñas y limitan la libertad de acción de amplios colectivos desfavorecidos.

‘En Puerto Rico solo hay aproximadamente siete clínicas de aborto, casi todas en la zona metro, una en Aguadilla. La planificación familiar no es accesible. La educación sexual, que es un tema de política pública, se estructuró durante muchos años sobre la promoción de la abstinencia, sin importar lo que ocurra luego con los embarazos no deseados’, expresó la candidata a senadora por el PPT ante el grupo de estudiantes de derecho y otras disciplinas que estuvo presente en el Centro de Estudiantes de la UPR.

De este modo, afirmó que, para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres se enfrentan varios desafíos, entre ellos la poca accesibilidad a clínicas de aborto o lo costoso de los procesos de terminación de embarazos, lo inaccesible que son los métodos de planificación familiar y la escasa educación sobre temas de sexualidad.

Es por ello que, entre las propuestas de trabajo definidas por la candidata como prioridades a cumplir en el Senado, se encuentran el eliminar el aborto como delito del Código Penal y el retomar una práctica que se inició en el año 2006, consistente en evaluar el presupuesto del país desde una perspectiva de derechos humanos.

Además, Pagán denunció que estos derechos sexuales y reproductivos se han visto limitados, entre otras cuestiones, por la fuerte influencia que sectores religiosos (catalogados por la senadora como ‘fundamentalistas’) en su presión sobre el gobierno local. Para ilustrar un ejemplo de la influencia de estos grupos en altas instancias gubernamentales, Pagán recordó que, en la isla, la apertura de los trabajos legislativos se inicia con una invocación religiosa ‘en clara violación de la separación entre la iglesia y el estado’.