El Secretario General del Partido Popular Democrático (PPD), Javier A. Echevarría Vargas, denunció sospechosas contribuciones, así como controversiales colaboraciones en el entorno de la colegiatura de la Palma a lo largo de esta carrera electoral.

Por un lado, Echevarría denunció el uso de la imagen del convicto federal Luis Rivera Cruz, alias ‘Sérpico’, quien fue condenado en diciembre de 2005 a 41 meses de prisión por fraude bancario cometido al Bank and Trust de Puerto Rico, que ascendió a un total de $4 millones. Del total de esta cantidad, fue obligado a la devolución de $1 millón. El dirigente popular destacó, además, que Rivera Cruz, quien en el pasado ejercía como detective privado, es un reconocido contribuyente económico del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Respecto a la presencia de Rivera Cruz como figura en defensa de Puerto Rico como el estado número 51, el secretario general del PPD lanzó una pregunta al aire: ‘es que en esa campaña en proceso de fragmentación, a nadie se le ocurrió preguntar quién era la persona que serviría de portavoz de la estadidad?’.

De otra parte, criticó duramente la sospechosa actuación de la denominada Comisión para celebrar 100 años de Ciudadanía Americana en Puerto Rico, quien ha mantenido una campaña millonaria a favor del concepto de la estadidad, pero que se ha declarado a sí misma como una entidad sin fines de lucro y no afiliada a ningún partido político.

Este hecho, el no encontrarse afiliada a ninguna candidatura, fue la razón por la cual la Oficina del Contralor General ‘interpretó de manera unilateral que relevó a esa entidad de la obligación de identificar sus miembros, rendir informes sobre sus ingresos y gastos. A esa decisión se arribó bajo la interpretación de que esa es una organización con fines educativos y no tienen finalidad electoral’, denunció Echevarría.

‘Es obvio que esa entidad es una organización que pretende influir las elecciones mediante sustanciales pautas publicitarias pues el único candidato que abiertamente la estadidad es Ricardo Rosselló’, añadió, explicando las razones por las cuales presentarán una querella a la Oficina del Contralor General por, alegadamente, incurrir en exoneraciones no contempladas en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada.

(Suministrada)

Acusación federal – NotiCel _21558